En Arauca las empresas petroleras y las comunidades se disputan la vocación productiva de la región. Mientras las primeras insisten en la apropiación de la tierra para la extracción de petróleo a través de acciones violentas, las segundas han forjado una lucha encaminada hacia la soberanía alimentaria del departamento.
Redacción Revista Raya
Infraestructura de la empresa petrolera SierraCol Energy, ubicada en el Territorio Campesino Agroalimentario Laguna del Ipa, Soberanía y Resistencia Popular. Foto de: Camilo Gómez
“Cuando se encontró petróleo en Arauca, nos llegaron los desastres”, afirma Vicente Murillo, dirigente del Movimiento Político de Masas, Social y Popular del Centro Oriente (MPMSPCO). El líder de la región recuerda que el campo petrolífero Caño Limón fue el “pozo que transformó al país de importador a exportador”.
En este departamento se cuenta la historia de una contradicción que radica en que, pese a ser una región rica en petróleo, con campos como Caño Limón que en los años noventa aportó el 43% del total de barriles extraídos en el país, y que ha producido miles de millones de barriles, las comunidades locales no han experimentado un desarrollo ni un bienestar equivalentes. Esta riqueza petrolera contrasta con la falta de beneficios tangibles para los habitantes, quienes enfrentan problemas como lagunas secas y cicatrices físicas y sociales derivadas de años de resistencia para mantenerse en el territorio.
Mientras Arauca se proyectaba como una potencia petrolera en los años noventa, también emergía una consolidación gradual de organizaciones sociales que buscaban reivindicar al departamento como una despensa agrícola, destacando la calidad de sus suelos para la producción sostenible.
De Caño Limón “se han sacado miles de millones de barriles que no han representado absolutamente nada en las comunidades, ni un bienestar ni un desarrollo”, afirma Murillo. Una percepción que se mantiene hasta la actualidad, como se evidenció en el paro departamental realizado este año por las comunidades para exigir a las empresas petroleras, puntualmente a Parex Resources, la suspensión de sus operaciones ante el incumplimiento de acuerdos pactados.
Según las organizaciones agrupadas en el Movimiento Político y Social MPMSPCO, al menos el 70% del departamento está concesionado para la explotación petrolera, lo que representa una amenaza para los liderazgos y para el plan de vida comunitario basado en la producción agrícola y sustentable.
Hoy, las comunidades de Arauca tienen alternativas productivas distintas al petróleo y enfatizan que las empresas, además de causar daño ambiental al territorio, criminalizan y persiguen al movimiento social en un contexto en el cual las disidencias de las FARC los han declarado como objetivo militar.
La historia comenzó hace cuarenta años
En 1983 se descubrió el campo Caño Limón, ubicado entre Arauca y Arauquita. Unos años después, la explotación del campo comenzó a cargo de la Occidental Petroleum Corporation (Oxy). “Aquí llega el petróleo y comienza el calvario”, asegura Dixon Torres, coordinador nacional de la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro.
Algunas de las tuberías del complejo petrolero Caño Limón atraviesan las zonas donde los campesinos ahora cultivan alimentos. Foto de: Camilo Gómez
La nueva economía trajo consigo la inmigración acelerada de nuevas personas al departamento y generó el aumento de la precariedad, ante las escasas condiciones para la prestación de servicios como salud y educación, y la violencia, según la investigación Arauca 1983-2015 - Fin de un ciclo histórico y transición incierta, publicada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
“Los caseríos solo tenían un puesto de salud que alcanzaba para atender a la población, pero con la explosión demográfica provocada por el boom del petróleo, muchas personas del país llegaron en busca del oro negro, y esos caseríos crecieron de manera desmedida”, afirma Vicente Murillo.
Según la misma investigación de Pares, el punto máximo de producción de crudo en el departamento se alcanzó en 1996, con 252 mil barriles diarios, lo que representaba el 43% de la producción total del país. Para esa misma época, los campesinos de las veredas cercanas a Caño Limón recuerdan haber sido desalojados de su territorio. Según Torres, “175 familias fueron desplazadas en 1995 por la compañía petrolera Oxy en complicidad con el Estado colombiano”.
Un territorio campesino en medio de un complejo petrolero
El 8 de octubre de 2013, casi veinte años después, las familias desplazadas decidieron retornar a sus veredas. Varias de ellas recuerdan que al regresar se encontraron con el Ejército, la Policía, la Seccional de Investigación Policial (Sijin) y la seguridad del complejo petrolero.
El Territorio Campesino Agroalimentario Laguna del Ipa está conformado por tierras que más de 200 familias campesinas recuperaron a la multinacional SierraCol Energy. Fotos de: Camilo Gómez
Según Dixon Torres, “la policía nacional arremetió con sus armas de dotación e hirieron a varios compañeros… La represión que hubo fue la misma que cuando nos sacaron”. Las comunidades reportan que desde entonces han tenido cuatro desalojos y dos campesinos fueron impactados con armas de fuego; uno de ellos incluso aún lleva la marca que le dejó la bala en su brazo.
Actualmente, las tierras que recuperaron los campesinos conforman el Territorio Campesino Agroalimentario (Tecam) Laguna del Ipa, Soberanía y Resistencia Popular. Se compone de cinco veredas que suman 2.988 hectáreas en las cuales viven 210 familias, la mayoría de ellas antiguas habitantes de esas mismas tierras. Allí, en el corazón del complejo petrolero, cultivan cacao, plátano y distintas frutas como coco y maracuyá.
Uno de los objetivos de los Territorios Campesinos Agroalimentarios es lograr la soberanía alimentaria a través de la siembra de comida y el procesamiento de la misma. Fotos de: Camilo Gómez
La Oxy vendió sus instalaciones a SierraCol Energy, que actualmente es la empresa a cargo de las operaciones. “Con el tiempo hemos ganado legitimidad. La multinacional nos reconoce que estamos dentro del territorio y para hacer acciones nos piden consentimiento a nosotros”, asegura el tesorero de la junta de gobierno del Tecam.
Este sábado 10 de agosto la comunidad solicitó formalmente a la Agencia Nacional de Tierras la formalización del territorio a través de una titulación colectiva, la cual han disputado desde el 2013 con la petrolera.
El petróleo y el conflicto actual en Arauca
“En la guerra contra el movimiento social, los principales beneficiados son las empresas petroleras”, asegura Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. López también apunta que las organizaciones sociales enfrentan un proceso de exterminio encabezado por las disidencias de las FARC, quienes en enero de 2022 declararon al Movimiento Político de Masas como objetivo militar.
En este departamento, las empresas petroleras juegan un papel relevante en la administración de justicia. En 2013, la Fiscalía creó unas Estructuras de Apoyo para investigar los delitos contra el proceso y la infraestructura petrolera. Una de estas estructuras se encuentra en Saravena, Arauca.
Según Vicente Murillo, “en el departamento de Arauca no hay un dirigente que no haya sido judicializado o apresado por estas estructuras de apoyo de la Fiscalía que funcionan en instalaciones militares”. Se afirma que las empresas han estigmatizado y perseguido como enemigos a los líderes que se oponen a los proyectos o exigen mayor inversión social por parte de las mismas.
Un ejemplo de esto fueron los señalamientos realizados por algunos medios de comunicación contra Ernesto Roa, dirigente campesino, quien estuvo al frente del paro departamental adelantado este año contra la petrolera Parex.
Por esto, y por la historia de alianzas con actores armados que han actuado como “mercenarios” bajo el interés de estas empresas, según aseguran las comunidades, la extracción de petróleo sigue siendo uno de los puntos críticos al hablar de garantías para las organizaciones en el departamento.
“Todo lo que tenemos aquí en el territorio nos ha tocado a raíz de la lucha, los caminos que tenemos a pico y pala”, afirma Dixon, quien se suma al coro de voces que denuncian la falta de inversión por parte de las petroleras en las condiciones de vida de los habitantes del departamento.
Por ahora, la contrapropuesta ante la proyección de un territorio dedicado a la extracción de petróleo es la conformación de los Territorios Campesinos Agroalimentarios. En Arauca existen cuatro territorios a la espera de ser formalizados, donde los campesinos cultivan y procesan alimentos con el fin de potenciar la soberanía alimentaria y constituirse en una despensa agrícola para el resto del país.
