Investigación

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La Revista RAYA revela un informe secreto de inteligencia que perfila a Diego Marín Buitrago como el “Zar del contrabando”. Marín es señalado de sobornar a fiscales del Valle del Cauca, entre ellas, la Fiscal General encargada Marta Mancera, quien fue señalada por un anónimo que dijo ser exagente de la Policía Fiscal y Aduanera, de impedir que quemaran la mercancía incautada a alias “Pitufo”. Una nueva denuncia anónima de 2022 reitera que alias “Pitufo” es un intocable para la Fiscalía al punto que se convirtió en el principal contrabandista del país. 

Unidad Investigativa Revista RAYA

Otro de los alias que rodea a la nueva Fiscal General de la Nación encargada, Marta Mancera, es “Pitufo”, un veterano negociante caldense radicado hace más de treinta años en Cali, quien es señalado de ser el principal contrabandista del país e intocable por la justicia. Se trata de Diego Marín Buitrago, quien ha negado tener negocios ilegales en el Puerto de Buenaventura y en las fronteras de Venezuela y Ecuador, pero que estuvo a punto de ser capturado por el director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en 2020, el general Juan Carlos Buitrago, el mismo que denunció al expresidente Andrés Pastrana y al abogado Abelardo de la Espriella de interponerse en su camino para torpedear todo, tal como sucedió.

RAYA revela la fotografía de Diego Marín Buitrago, la primera que se conoce de él a color, y el documento reservado de inteligencia de la Polfa, donde se detalla que alias “Pitufo” es el líder de una organización dedicada al lavado de activos del narcotráfico a través del contrabando de ropa, licores y cigarrillos. En ese mismo documento se estableció que el objetivo principal de la “Operación Dorado” era capturar a Marín y a tres miembros más de su organización durante el primer semestre del 2020.

Sin embargo, el general Buitrago fue removido del cargo por el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el presidente Iván Duque. La orden habría venido de Pastrana y De la Espriella, según denunció el general Buitrago en un libro publicado por la Editorial Planeta. 

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Este es el informe reservado de inteligencia de la Policía Fiscal y Aduanera que perfila a Diego Marín como contrabandista y lavador de activos.

La semana pasada, el reportero Juan Pablo Barrientos de Casa Macondo, revivió una investigación judicial que tiene que ver con el “Zar del Contrabando” y la hoy fiscal general encargada Marta Mancera quien, según la denuncia de un anónimo que dijo ser exagente de la Polfa, habría recibido dinero por evitar la quema y destrucción de una mercancía de alias “Pitufo” avaluada en más de 17.000 millones de pesos. Esta denuncia llegó en septiembre de 2016 a manos del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez, con el objetivo de que la entidad investigara el accionar de Mancera en ese momento como directora de Fiscalías del Valle del Cauca, cargo que ostentó entre 2014 y 2017.  

La corrupción se habría ejecutado tras la incautación de cuantiosos cargamentos de mercancía de contrabando, que realizó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) entre el 2014 y 2015 en el puerto de Buenaventura. Dicha mercancía, que quedó apilada en una bodega hasta que pasó a custodia de la Fiscalía, nunca se destruyó y en cambio vinieron las coimas y sobornos. Según la denuncia, Mancera ordenó quitarle el poder de destrucción de esa mercancía a la Fiscal Anticontrabando de Buenaventura, Magda Melissa Quiroz Ramírez, a quien le prohibieron participar de los procesos de quema. Por el contrario, Mancera la retiró de la tarea, la trasladó de jurisdicción y su vida quedó en vilo. Revista RAYA intentó hablar con la fiscal Quiroz, pero está atemorizada. Según Casa Macondo, la fiscal Quiroz en su declaración ante la Fiscalía, el 22 de enero de 2018, “dijo que no entiende porqué le quitaron sus funciones y que la orden vino directamente de Marta Mancera”.

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Facsímil de la denuncia contra Martha Mancera que llegó al despacho del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez. Cortesía de Casa Macondo.

A raíz de esta denuncia, cursa en el Consejo Superior de la Judicatura un proceso disciplinario contra Mancera, que no obstante, está inmovil desde 2019. Mientras tanto, la investigación penal relacionada con las incautaciones mencionadas pasó a manos del fiscal Jorge Olmedo Muñoz, pero poco o nulo avance hubo en las indagaciones, pues hasta la fecha no existen imputaciones ante la justicia. Incluso, RAYA conoció una carta que la DIAN le envió al fiscal Muñoz en 2021, seis años después de las incautaciones, preguntándole por el estado de los casos, pues esa entidad no tenía claro si estos habían sido archivados o precluidos. Entre tanto, la denuncia por soborno contra la fiscal Mancera fue archivada por uno de sus colegas, el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Mauricio Quintero López, sin que este tuviera en cuenta las evidencias que contradecían el testimonio de la hoy Fiscal General encargada, como lo reveló Casa Macondo.

La impunidad para alias “Pitufo”

La misma suerte han corrido los procesos de alias “Pitufo” en el ente investigador, donde se han desarrollado sendas investigaciones, con robustas evidencias sobre su accionar delictivo, que nunca han derivado en la acusación e imputación contra el señalado contrabandista. Una de ellas tiene que ver con un informe de Policía Judicial, remitido a la fiscal especializada Luz Marina Tapias, en el marco de una investigación que cursaba en 2019 contra una red de lavado de activos. Este documento, que revela RAYA, expone quiénes serían los testaferros y socios de Diego Marín, y describe que existen interceptaciones telefónicas desde el año 2011 en las que sus interlocutores hablan “en lenguaje cifrado sobre venta de mercancía y posiblemente droga”. 

En el informe también se describen las interceptaciones telefónicas entre Yessika Marín, empleada de una de las empresas legales relacionadas con Diego Marín, y varios sujetos vinculados a la red de Diego o alias “Pitufo”: “se evidencia en las síntesis en sus comunicaciones sobre contenedores, mercancía (fecha 14/10/2011), de igual forma habla con el señor Luis Arbey Moreno sobre la situación que se presentó con los contenedores en Cali debido a esta situación estas personas “se volaron” (fecha 16/10/2011). Así mismo, Yessika habla con William, este manifiesta sobre la filtración de la información sobre los documentos que hay en el Spoa, grabaciones y que les tienen orden de captura”.

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En este informe de Policía Judicial de 2019 se detallan las presuntas actividades criminales de alias “Pitufo” durante una década.

Ese mismo informe reseñó consignaciones y operaciones sospechosas con dinero en efectivo a través de una empresa fachada llamada Agencia Colombiana de Aduanas SAS, todas entre los señalados testaferros y socios del señor Diego Marín, incluso, algunos pagos directos a este con promedios entre los 4.000 y 5.000 millones de pesos cada año, aunque en el 2005 alcanzaron la exorbitante cifra de 12.000 millones de pesos. En total, dicha empresa realizó depósitos por más de 68 mil millones de pesos entre 2003 y 2019. A pesar de estas evidencias, en la Fiscalía no ha pasado nada. Por el contrario, la nueva Fiscal General encargada es señalada de haber favorecido a alias “Pitufo” cuando dirigía la Fiscalía en el Valle del Cauca. 

Otra denuncia que no prospera en la Fiscalía  

Una nueva denuncia llegó al buzón de la Presidencia de la República en marzo de 2022. Allí, un ciudadano anónimo, pero muy bien informado por la calidad de los datos que entregó, describió en detalle el modo de operar de una red de contrabando y lavado de activos que tiene epicentro en Cali y Pereira, y cuyo dinamizador sería Diego Marín Buitrago, señalado contrabandista también por la DEA y perfilado en el informe reservado que revelamos en este reportaje. 

El documento fue trasladado a la Fiscalía General para la investigación, dice un informe del 19 de abril de 2022 suscrito por Vicencio Bonilla Berrío, asesor del CTI en Cali, y en él se describe la forma de operar de una compleja red que con importaciones ilegales de contrabando triangula dinero de narcotraficantes, represado en Estados Unidos y Europa, el cual puede llegar al país gracias a los pagos que hacen cientos de comerciantes dedicados a importar ropa o electrodomésticos de contrabando. 

“Cuando un comerciante necesita enviar dinero a China para importar el contrabando, lo hace a través de varias personas ubicadas en el Centro Comercial El Diamante, o el Centro Comercial Megacentro en Cali”, señala el documento en poder de RAYA. “El comerciante entrega el dinero en efectivo y esa persona le hace la trasferencia a la wallet (billetera) del vendedor ubicado en China en USDT (moneda virtual). A su vez, ese dinero ha sido pagado en México o Estados Unidos y es producto del narcotráfico. A este primer paso se le llama bajar la plata y la persona que baja la plata se lleva una comisión por cada dólar”, dijo el denunciante. 

Esta modalidad de lavado de activos no es nueva y ha sido expuesta desde los años noventa, cuando el periodista Fabio Castillo desnudó en su libro “Los nuevos jinetes de la cocaína” un modelo similar de lavado de activos que operaba en los populares centros comerciales llamados Sanandresitos, los cuales operan en diferentes regiones del país.

“En Cali, en una semana entre todos los comerciantes se pueden bajar hasta dos millones de dólares, y en temporada esta cifra se triplica.. Pueden ser más de 200 millones de dólares al año producto del narcotráfico que a su vez entra en contrabando especialmente de zapatillas, ropa, lociones y suplementos nutricionales”, dice la misiva. 

Posteriormente, la Fiscalía hizo una búsqueda de datos, a través de un potente sistema interno que rastrea la información de las entidades del Estado, lo que arrojó que el hijo de alias “Pitufo” es una de las personas que se encarga de las operaciones y quien maneja una oficina de cobros ilegales en Cali. Igualmente, se corroboró que la dirección de las bodegas en el Centro Comercial El Diamante de Cali (dato aportado por la denuncia anónima) era la misma dirección que aparece en viejas investigaciones de la Fiscalía relacionadas con contrabando y constreñimiento ilegal de las oficinas de cobro en la capital del Valle. 

“Ellos tienen pago o cuadrado el puerto de Buenaventura hasta la ciudad de Cali, y eso incluye los sobornos que se pagan a la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera), quienes protegen para que la mercancía llegue bien a su destino”, señala el documento.

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En este documento de la Fiscalía del 2022 consta que otra denuncia reveló cómo operaba la red de lavado de activos de Diego Marín con presunta complicidad de funcionarios públicos.

Por esta denuncia tampoco hubo órdenes de captura, ni operativos contra Diego Marín, alias “Pitufo”. Por el contrario, el general Juan Carlos Buitrago, quién había estado a punto de materializar acciones que iban a golpear a esta red de contrabandistas, fue el que terminó por fuera de la Policía y denunciado por el propio “Pitufo” por supuesta injuria y calumnia, proceso en el que el general Buitrago finalmente ganó ante la Corte Suprema de Justicia. 

En cambio, en un oficio que revela RAYA, desde la oficina de Luz Angela Bahamón, delegada para las finanzas criminales de la Fiscalía (funcionaria muy cercana a Mancera y Barbosa), el 5 de enero de 2022 le certificaron a alias “Pitufo” que no existía ni investigación ni orden de captura en su contra. "Pitufo" vive entre España y Colombia, tranquilo y dueño de un enorme patrimonio económico, según le contó a RAYA un antiguo oficial de inteligencia que participó en su persecución.

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Respuesta al derecho de petición de la abogada de alias “Pitufo”, con el cual buscaban censurar el libro del general Buitrago.

Una fortuna que crece en la mira de Estados Unidos

En 2020, cuando Francisco Barbosa se estrenaba como nuevo Fiscal General de la Nación, la revista Semana reveló que había grandes fricciones entre la nueva cabeza del ente investigativo y los Estados Unidos, por cuenta de varios movimientos que Barbosa estaba haciendo al interior de la Fiscalía que iban encaminados a sacar a viejos funcionarios de carrera con probados resultados en la lucha contra el narcotráfico.

Según el reportaje, del 24 de octubre de 2020, titulado “El fiscal vs. El tío Sam: La fractura sin antecedentes que separa a los aliados”, la manzana de la discordia fue la destitución del fiscal antinarcóticos Ricardo Carriazo, lo que provocó mucho malestar entre altos funcionarios de la embajada norteamericana, ya que Carriazo era de entera confianza de la DEA y los norteamericanos.

Sin embargo, el cuestionamiento iba más allá. De acuerdo con el artículo, la designación de Maria Helena Monsalve para reemplazar a Carriazo como nueva Directora Especializada contra el Narcotráfico terminó de complicar las cosas, pues los Estados Unidos habrían pedido de manera expresa no trabajar con ella, ya que no había “comodidad” en la manera como Monsalve hacía uso de las “técnicas investigativas especiales”, y así mismo, señalaron, que la nueva directora desconocía los temas de cooperación judicial y carecía de visión bilateral. 

De hecho, una de las primeras medidas de Monsalve fue mover a zonas apartadas del país a varios de los fiscales que más golpes le habían dado a las grandes organizaciones narcotraficantes, lo que también generó molestias en los funcionarios estadounidenses. 

Sin embargo, Monsalve ha contado con el respaldo irrestricto de su pareja, la hoy fiscal general encargada, Marta Mancera. Tanto así, que han construido juntas su fortuna. Entre las dos suman cuatro costosas propiedades en las ciudades de Cali, Bogotá y Santa Marta, las cuales adquirieron entre 2007 y 2022. Por ejemplo, en 2022 Martha Mancera compró un apartamento en el prestigioso conjunto Samaria Club de Playa en Santa Marta, el cual podría costar en el mercado hasta 870 millones de pesos, según clasificados de apartamentos similares en el mismo club.

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En este lujoso club privado de Santa Marta conocido como Samaria Club de Playa compró un apartamento la vicefiscal Mancera en 2022

Otro apartamento fue adquirido por Maria Helena Monsalve en 2015 también en Santa Marta, en el Condominio Kankurua. En internet se ofrecen otros en el mismo conjunto cuyos valores oscilan entre los 285 y los 340 millones de pesos.

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María Helena Monsalve, también funcionaria de la Fiscalía y pareja de Mancera, adquirió en 2018 un apartamento en el condominio Kankurua de Santa Marta

En 2022 Martha Mancera adquirió otro apartamento en Bogotá, de 118 metros cuadrados en el conjunto Sierras del Este, en Chapinero Alto. Propiedades con tamaños similares en venta en ese lugar rondan los 700 millones de pesos.

Finalmente, una casa en el condominio Hacienda del Alferez en Cali, de la que tanto Mancera como Mosnsalve eran copropietarias, está avaluada catastralmente en 200 millones de pesos, pero en el mercado las viviendas de ese condominio se ofertan tres veces más caras, hasta por 650 millones de pesos.

Por lo pronto, Mancera, quien se convirtió en fiscal encargada de la Nación este martes, no solo tiene encima los ojos de millones de colombianos que piden depurar la Fiscalía de la penetración de las mafias; también, de la justicia de Estados Unidos, que sigue de cerca a los narcos que posan de invisibles y a quienes un sector de la Fiscalía ha conocido, de vieja data, en el mundo del crímen.  

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