Sandra Olaya cuenta cómo ha sido resolver los problemas que enfrentan las mujeres en Suárez (Cauca), como los riesgos de su salud por la exposición al mercurio en la minería, la estigmatización de sus hijos nacidos de la violencia sexual durante el conflicto y la falta de garantías laborales.
Por: Liza María Rojas Rubiano
Sandra Olaya es una lideresa de la comunidad Cauca. Es afrodescendiente y ha dedicado su vida académica y profesional a trabajar en los territorios. Creció en medio del conflicto armado que hizo que su familia abandonara su vivienda rural y se refugiara en Santander de Quilichao. Aunque venía de familia minera, su padre le inculcó la importancia del estudio a través del ejemplo, al ser el primer afrodescendiente en estudiar en un colegio oficial en su región, y al no depender del negocio del oro: “el metal en vez de traer alegría trae tristeza”, recuerda Sandra que le decía su papá. De ahí que se graduó como licenciada en educación para fortalecer, según ella, aún más su identidad como mujer afro. Además, sobrevivió a tres tipos de cáncer y al abandono de la EPS del magisterio.
Durante estos años se ha dedicado, refiere, a comprender cómo funciona el país. Lo ha hecho desde varios escenarios como la Dirección de asuntos para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, desde la Universidad del Cauca, desde el Ministerio del Interior y ahora desde la Alianza por la Minería Responsable – ARM, por mencionar algunos pocos. Durante 17 años ha trabajado con comunidades étnicas a través de consejos comunitarios, la construcción de políticas públicas, planes de desarrollo, planes de vida, cátedras afrocolombianas y un riguroso seguimiento a la firma de los Acuerdos de Paz. “El Acuerdo significó para los pueblos negros entender que en el territorio hay personas que nos pueden representar y que ya nadie habla por nuestras luchas”, dice Sandra.
Destaca lo significativo que ha sido tener congresistas, diputados, concejales, gobernador y vicepresidenta de la República, de su misma etnia. Sin duda algo difícil de entender para un sector clasista, machista y racista de ciudadanos que ve a Francia Márquez, por ejemplo, con resentimiento y burla.
Pero los acuerdos también motivaron a que las mujeres se asociaran para establecer mejores condiciones laborales en el sector minero. Así nace la Asociación de Mujeres Seleccionadoras y Luchadoras por la Paz del Municipio de Suárez – Cauca (ASOMUSELUPAZ). “Encontré mujeres sin norte, sin educación y maltratadas por sus maridos. Una ruptura del tejido social muy delicado”. Lo primero que hizo Sandra fue empoderarlas a través del estudio y formación técnica para que pudieran adquirir independencia económica. “Ahora ya no se dejan joder de nadie”, dice con risa. “Los maridos, o más bien, ex maridos no me quieren porque dicen que ahora a las mujeres ya no se les puede decir nada”. Las “chatarreras”, como eran llamadas antes por su forma de conseguir el metal, ahora participan activamente en los comités gestores para formalizar la actividad ancestral y cultural de la minería a las condiciones que por ley deben cumplir (Ver: Una nueva visión de la minería en Colombia). “Cuando se formalizaron, pasaron de ganar por gramo de $80.000 a $180.000, $190.000”.
En el municipio de Buenos Aires el problema de las mujeres es otro. Muchas de ellas, explica Sandra, fueron víctimas de abusos sexuales hace 20 años cuando su territorio era azotado por las AUC. De lo sucedido, algunas quedaron embarazadas y son madres de jóvenes que tienen 20 años. En su tesis de grado, Sandra documenta los hijos nacidos de la guerra y el problema que el Gobierno Nacional no los haya incluido en el registro de la Unidad de Víctimas para ser reparados. “Han sido marginados, son llamados “hijos de nadie”, “paraquitos”. Estos muchachos lamentablemente le están haciendo daño y ocasionando dificultades al territorio”. Ella explica que la rebeldía de estos jóvenes nace del “odio” que sienten por la humanidad. Algunos deciden ser parte de grupos armados y otros ven el futuro sin esperanza, porque son marginados en las oportunidades laborales. Por tal motivo, se ha contenido la desatención con la implementación de protocolos de atención, organización y formación para brindarles un futuro mejor.
Existe también un problema de salud pública, que se ha venido trabajando desde el posicionamiento de la ARM con enfoque de género, en distintos municipios, sobre todo en Suárez. El asunto suma décadas y lo han analizado en varias partes del país donde hay extracción minera artesanal y de pequeña escala:
“En un estudio de 2009 sobre las afectaciones de la exposición al mercurio en humanos (…) estableció que el mercurio afecta la salud de las mujeres mineras. Es significativo el hecho de que en la población estudiada, un individuo de sexo femenino presentó una concentración atípica de mercurio total en cabello con frecuentes síntomas compatibles con intoxicación por exposición al mercurio, como dificultad para conciliar el sueño, nerviosismo o irritabilidad, tristeza o alegría sin motivos aparentes, pérdida de la memoria, falta de concentración, temblor distal de los dedos de las manos, hormigueo en las extremidades y, casi siempre, cefalea con visión borrosa. (Gracia, Marrugo, Alvis 2010, p. 122). Ver estudio aquí.
Sandra asegura que hay voluntad de parte de las mujeres en el cambio de la dinámica del uso del mercurio. Aunque era una práctica muy normalizada, han respondido de manera positiva a las capacitaciones y ofrecimiento de otras alternativas limpias, como la ofrecida por Mercury Free Mining. La ARM describe que se enseña a las mujeres a usar un sistema denominado Goldrop que captura partículas de oro por decantación, debido a que el oro es más pesado que otros minerales, entonces se recogen sedimentos del fondo del río, donde las barequeras buscan el oro. Luego, se pasa este material por un embudo (o tolva) y con un circuito cerrado de agua, empieza a correr el material. De ahí pasa por una estructura con dos válvulas que crean un vortex de agua, y las partículas de oro van a parar a un envase. El resto de agua sigue su curso por un canalón y finalmente, cae en un balde donde también se pueden encontrar partículas de oro. Ver proceso aquí.
Sandra quiere traer el progreso a este departamento. Sin embargo, algunos caucanos no ven la prosperidad en los pueblos. Al menos no hasta hoy. La población civil quiere vivir bien, y los grupos armados quieren respeto y “beneficios”. Las mujeres por su parte no pierden la esperanza de educarse y ser tecnólogas en el Sena. Quieren ser profesionales y tener su propia empresa.
Por ahora esa esperanza se guarda, mientras Sandra y la población civil de los municipios Santander de Quilichao, Miranda, Caloto, Toribío, Suárez, Jambaló, Buenos Aires, Corinto, Morales, Cajibío, El Tambo, Argelia, Balboa y Patía afrontan una angustia permanente. “¿Vos crees que uno tiene paz? ¿Que se duerme bien? Es una guerra absurda donde salimos perjudicados por un tema topográfico… por estar en un corredor de tierras ilícitas”.
En nuestra configuración social colombiana, figuras como la de Sandra toman relevancia y requieren de protección y garantía por la labor que hacen, mientras la voluntad política del gobierno de turno se despierta. Desde Bogotá, las historias del pacífico colombiano que aparecen en titulares o en noticias parecen tan distantes, tan ajenas. Tan lejos de la realidad citadina que tiene como preocupación la delincuencia común y el tráfico. Ella dice que salir de su pueblo le ayudó a comprender el país. Quizás, algunos otros deberíamos hacer el ejercicio contrario para comprender la complejidad e importancia que los pueblos afros tengan representación, identidad y voz.
“Yo me veo feliz en campo. Yo siento que hay que hacer mucho por la base. Tengo mucho para dar en los territorios. Estamos en un momento difícil pero tengo fe de que todo esto va a mejorar. No es fácil”.
