Por: Jorge E. Freytter Florián*
El caso de Mancuso en Colombia evidencia una técnica jurídica que no es neutral, sino que se puede describir como una arquitectura de impunidad construida en favor de los victimarios. El sistema de justicia en el país está marcado por la desigualdad y la asimetría, así como por la opacidad, la falta de transparencia y la reinterpretación de los elementos formales del Estado de derecho. Estas características benefician a los responsables de crímenes de lesa humanidad, permitiéndoles evadir la justicia y obtener impunidad. Es fundamental que el pueblo colombiano reconozca, cuestione y promueva reformas para garantizar una justicia verdaderamente imparcial y equitativa.
En Colombia, el pasado de guerras y pobrezas ha sido enfrentado con una política del olvido. Esta situación ha llevado a normalizar la violencia en el país y la ha convertido en un instrumento utilizado por diversos sectores de la sociedad para imponer sus intereses. La violencia se ha vuelto trivial en el imaginario político colombiano, entendiéndose como algo connatural y necesario, lo que impide la toma de conciencia sobre sus riesgos y su capacidad disolvente del orden social. Es necesario reconocer las especificidades de las distintas manifestaciones de la violencia y cuestionar el fenómeno de la banalización para poder abordar estos problemas de manera adecuada.
Es importante superar las contradicciones que diluyen la responsabilidad histórica de dos actores principales: aquellos que han extirpado la dignidad de las víctimas y aquellos que se han apropiado de la fragilidad de un Estado que no las dignifica. La falta de reconocimiento de la responsabilidad histórica en la creación, financiación y respaldo de los grupos paramilitares contribuye a la revictimización profunda de las víctimas. No debemos dejarnos confundir por los medios de comunicación y los enfrentamientos entre figuras como Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. En cambio, debemos mantenernos enfocados en lanzar preguntas a Mancuso y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En la región Caribe colombiano se vivieron actos crueles e inhumanos que son crímenes de lesa humanidad: torturas, desplazamientos forzados, exilio, hostigamientos y montajes judiciales. Estas acciones estuvieron dirigidas a anular la participación sindical y política de los movimientos de izquierda y los opositores. Es fundamental resaltar estas atrocidades y exigir que se haga justicia por las víctimas.
Pregunta 1: ¿Enilce Lopez, alias ‘La Gata’, fue testaferro del Bloque Norte de las AUC o de Mancuso?
Enilce López, alias 'La Gata', ha sido citada por la Fiscalía por su presunta implicación en el asesinato del profesor Jorge Freytter, mi padre, en agosto de 2001. Además, se descubrió que una bodega de su propiedad fue utilizada como centro de tortura por paramilitares y agentes estatales en Barranquilla. Las pruebas indican que 'La Gata' tenía vínculos con los paramilitares y que habría lavado activos provenientes del narcotráfico.
Alias 'La Gata' fue condenada a 37 años de prisión y ha sido citada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para esclarecer su participación en crímenes relacionados con el conflicto armado y su relación con grupos paramilitares y políticos. Su declaración podría contribuir a esclarecer la verdad sobre los vínculos de la clase política del Caribe con los paramilitares y su participación en crímenes relacionados con el conflicto armado.
Pregunta 2: ¿Relación de Dieef Maloof con las estructuras paramilitares?
Dieb Maloof, quien fue Senador de la República, ha sido mencionado en varios documentos y testimonios que lo vinculan con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Especialmente, se lo acusa de tener nexos con 'Jorge 40' y 'Don Antonio', dos importantes líderes paramilitares de la Costa Caribe colombiana. Estas acusaciones fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, la cual condenó a Maloof por sus vínculos con los esos paramilitares.
A pesar de las acusaciones en su contra, Maloof logró ser elegido senador y se unió a la coalición del gobierno de turno en el Congreso, es decir, la del expresidente Álvaro Uribe a raíz de las versiones de los paramilitares. Esto nos lleva a decir que la discusión sobre la participación de terceros mencionados por Salvatore Mancuso, como empresarios, gobernadores, ex presidentes y ex vicepresidentes, sigue sin resolverse por completo. Es importante profundizar en estos casos y buscar la verdad sobre las posibles conexiones entre políticos y grupos paramilitares.
Pregunta 3: ¿El ex teniente Flover Argeny Torres del GAULA del Atlántico y su relación con el paramilitarismo?
El Grupo Antisecuestro y Antiextorsión (GAULA) es una unidad especializada de la Policía Nacional de Colombia encargada de combatir el secuestro y la extorsión. Fue creado en 1996 para hacer frente a la grave problemática de secuestros en el país. En esta institución, precisamente, se educó el ex teniente Flover Argeny Torres Sánchez, quien ha sido vinculado en varios hechos criminales cometidos por el paramilitarismo. Su caso es significativo y el Tribunal Superior de Barranquilla emitió una condena en su contra como coautor de la desaparición y homicidio de Boris Pizarro Insignares en Palmar de Varela, Atlántico, en el año 2000.
El caso revela la preocupante realidad de la desaparición forzada en Colombia con más de 200.000 casos registrados en todo el país, según el Registro Nacional de Desaparecidos (RND). La condena del ex teniente Torres marca un hito en la lucha contra la impunidad en casos de desaparición forzada y representa un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas. El proceso judicial estuvo marcado por una absolución inicial en 2017, pero luego fue condenado y ahora está en custodia de la JEP que resolverá su sometimiento.
A pesar de los avances en la JEP, persisten desafíos en la efectividad de la justicia y la obtención de resultados plenos, muchas víctimas aún no han obtenido verdad, justicia y reparación completa, y se enfrentan a obstáculos como la impunidad y la dilación de los procesos.
Por ello, un grupo considerable de víctimas en el ámbito académico está solicitando a la JEP la apertura del macro caso de la universidad pública inmersa en el conflicto armado y la investigación a fondo de los testaferros de Mancuso y sus secuaces quienes disfrutan de grandes fortunas conseguidas a costa de la sangre derramada de miles de colombianos inocentes.
Mancuso, responda las preguntas estructurales.
