Por: Margarita Jaimes Velásquez
En momentos de crisis y conmoción, la atención se desvía hacia los síntomas, ignorando la raíz del problema. La capacidad de un adolescente para perpetrar delitos de alto impacto es el síntoma de una sociedad que ha fallado en edificar las bases para la vida en común, cimentada en la justicia social. Dicho de otro modo, es una sociedad que ha claudicado en su deber de salvaguardar y asegurar el desarrollo integral de sus nuevas generaciones.
Esta falla social se ve exacerbada por un Estado inoperante, corrupto e ineficaz, incapaz de cumplir su cometido primordial: garantizar la seguridad y protección de los más vulnerables, específicamente niños y niñas. Hoy, este Estado, distanciado de la realidad y las necesidades de la niñez y adolescencia, exhibe su hipocresía buscando soluciones simplistas en el endurecimiento del derecho penal y el aumento de penas. Pero el verdadero nudo gordiano reside en que el reclutamiento, uso e instrumentalización de estos menores es una realidad que exige un análisis exhaustivo de las causas del problema, así como de un compromiso estatal genuino y operativo.
Es crucial desmontar la falacia de que las estructuras armadas ilegales reclutan niños y niñas por la supuesta 'penalización reducida'. Casos como los homicidios de grandes figuras de la política colombiana, donde adolescentes son enviados a una muerte segura, demuestran que a sus reclutadores la vida o la libertad de estos jóvenes les es indiferente. La vinculación de niños obedece a su audacia, menor percepción del riesgo, predisposición a los retos, menor cuestionamiento de órdenes y, fundamentalmente, su maleabilidad al estar en proceso de formación.
Por otro lado, es necesario reconocer que la política pública de prevención del reclutamiento, uso e instrumentalización de NNA es una declaración de intenciones sin correlato práctico en los entes territoriales. Esto se debe, en gran medida, a la ausencia de una normativa que obligue a cada municipio a establecer una estructura o comité análogo a la CIPRUNNA (Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes). Aún más grave, los Equipos de Acción Inmediata (EAI), cuya finalidad es activar de forma articulada e inmediata la ruta de protección y restablecimiento de derechos ante denuncias, brillan por su ausencia en numerosos municipios y gobernaciones del Caribe Colombiano.
La problemática del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales para la comisión de ilícitos constituye una de las más flagrantes violaciones a los derechos humanos de este segmento social, al despojarlos de sus libertades fundamentales y de la posibilidad de un proyecto de vida libre de violencias. En este país, las agendas electorales instrumentalizan la bandera de los derechos de la niñez para apelar a las sensibilidades colectivas y ganar elecciones, sin que, al ganar, se adopten medidas efectivas que aseguren el cabal cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho de todo niño y niña a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como a la protección contra toda forma de explotación y abuso.
Prevenir la utilización de niños por estructuras armadas ilegales es más que una obligación legal: es un imperativo ético y moral. Para lograrlo, se necesita una estrategia integral que supere la simple judicialización de los reclutadores. Esta estrategia implica un cambio de mentalidad, donde la perspectiva adulta ceda el paso a una comprensión del problema desde lo cualitativo, más allá de lo meramente cuantitativo. Es crucial establecer programas que se adapten a la edad de cada individuo, invertir en el derecho al juego y promover los vínculos entre pares a través del deporte, las artes y la recreación desde la primera infancia.
Además, fortalecer la presencia estatal en zonas vulnerables, la garantía de acceso a una educación de calidad y a oportunidades dignas para los jóvenes, la implementación de programas de prevención con enfoque psicosocial, la sensibilización de las comunidades sobre los riesgos y consecuencias del reclutamiento, y la provisión de apoyo y protección a las familias. Asimismo, la desmovilización y el desarme de los grupos armados ilegales son pasos esenciales para erradicar esta práctica de raíz.
La protección de la infancia frente a la instrumentalización por parte de empresas criminales de cualquier índole es una responsabilidad colectiva que demanda la articulación de esfuerzos entre el Estado y las fuerzas vivas de la Nación. Aunque la normatividad colombiana e internacional provee un marco sólido para abordar este desafío, su verdadera eficacia reside en el diseño e implementación efectiva y simultánea de políticas públicas de prevención en todo el territorio nacional.
La niñez no debe ser instrumentalizada como arma para la delincuencia o la guerra. Su futuro no puede ser un mero eslogan político, ni una estrategia para desviar la atención de los yerros estatales.
