Por: Laura Espinosa Macías
El arranque de la “Patria Milagro” ha sido digno de titulares estrafalarios, no solo por las actuaciones del presidente, sino de su gabinete. Algunos dirán que es muy poco tiempo para juzgar la gestión, que apenas son unos días de adaptación y aprendizaje. Pero también cabe decir que por el desayuno se sabe cómo será el almuerzo.
A solo una semana de su nombramiento, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, decidió tomarse unos días de descanso para asistir al matrimonio de uno de sus colaboradores políticos en las playas de Santa Marta mientras el país enfrentaba la emergencia humanitaria y miles de familias que lo habían perdido todo, requerían de la atención de su cartera.
En Agricultura, la gestión comenzó haciendo una inspección del Ministerio para sacar contratistas y archivando la información de la administración anterior en las redes sociales oficiales, orden que después tuvo que revertir por ser contraria a la ley. El gesto dice más que cualquier discurso: llegaron a borrar de la memoria la reforma agraria.
En el ICBF el asunto llega más lejos. La orientación de retirar la palabra “niñas” de las comunicaciones de la entidad no es una anécdota lingüística ni una avezada estrategia de economía del lenguaje. La Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, reconoce expresamente a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derechos y establece la responsabilidad inexcusable del Estado y sus agentes de garantizar su protección. La misma ley exige políticas de difusión de información sobre esta población y ordena tener en cuenta el carácter prevalente de sus derechos.
Las palabras importan cuando nombran sujetos de derechos. Borrar a las niñas del lenguaje institucional no las hace desaparecer de la ley, pero sí revela hasta dónde puede llegar una restauración: incluso el vocabulario de los derechos queda sometido a revisión ideológica.
Mientras tanto, el MinHacienda logró que el Congreso devolviera el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 para ajustarlo y retirar la ley de financiamiento que lo acompañaba. Con la promesa de desmontar el impuesto al patrimonio, se abre una pregunta: ¿cómo será la reforma tributaria que vendrá? No es cualquier cosa. La reconstrucción exigirá una inversión pública enorme y, hasta ahora, el gobierno ha anunciado un crédito de 450 millones de dólares con el Banco Mundial, además de la gestión de recursos privados y donaciones, que pueden resultar más costosas por cuenta de las exenciones tributarias. En suma: la gestión privada de la crisis, la socialización de las pérdidas y la política del sálvese quien pueda.
El canciller no cesa de “aprovechar el desorden” para cumplir con el mandato de obediencia a intereses extranjeros, anunciando el retiro de Colombia de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma, más otras perlas. Rodrigo Lara hace gala de su profundo desconocimiento del Pacífico colombiano y de su desprecio por las comunidades mostrando más pesar por las edificaciones que por las vidas humanas. El jueves, el MinTrabajo derogó once circulares expedidas por el gobierno anterior con el fin de garantizar derechos laborales. Desde la cartera de Educación apareció una solución pintoresca a la crisis: educación virtual para territorios donde no hay electricidad ni conectividad. Y de remate, la ministra Viviane Morales revivió el fantasma de la “ideología de género” que, según ella, recorre las instituciones educativas del país con cartillas sobre educación sexual integral.
El listado podría continuar. Pero hay algo más profundo detrás de esta colección de episodios. El Gabinete Milagro parece haber llegado a pasar por encima del Estado de derecho: borrar políticas, normas, funcionarios, palabras, categorías, memorias y hasta obligaciones institucionales.
Por eso, no es casualidad que los episodios aparezcan en campos tan distintos. Son una muestra de los valores y principios que orientan el proyecto político de la Patria Milagro: un profundo desprecio por el pueblo, por las instituciones democráticas, por los derechos y libertades, por la diversidad. Un proyecto autoritario y confesional que responde a los intereses y a la visión de unos pocos, muy pocos.
Pese a que el Estado liberal ha sido un proyecto incompleto en Colombia, lleno de “regeneraciones” y retrocesos, las luchas y las contradicciones sociales y políticas han permitido avanzar en unos mínimos de democracia moderna y en el reconocimiento de derechos que, por lo visto hasta el momento, le estorban al Gabinete Milagro.
En solo quince días de gestión, el gobierno ha quemado buena parte de la estrecha legitimidad con la que arrancó. El proyecto iliberal y autoritario de la Patria Milagro necesita una justificación política que ha construido sobre la deslegitimación del gobierno anterior. Esta semana le dio cuerpo en “El Libro de la Verdad”: un documento que endilga a la administración de Gustavo Petro la responsabilidad por problemas estructurales del Estado colombiano, como la corrupción y la crisis fiscal e institucional. Sin embargo, no aporta pruebas fehacientes de hechos de corrupción y sus elementos de real denuncia resultan bastante modestos frente a lo rimbombante del anuncio.
Parece, por ahora, que el derrotero de la gestión del Gabinete Milagro es seguir en campaña contra las políticas públicas desarrolladas por el gobierno anterior en favor de las mayorías para reencauzar la gestión del Estado en favor de los de siempre.
Quince días son demasiado pocos para evaluar un gobierno. Pero sirven para reconocer la dirección que toma un proyecto político.
El milagro será que, después de todo esto, alguien siga creyendo que estamos ante el gobierno de los “nunca” y para los “nunca”.
