Por: Freddy Ordóñez Gómez
El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró que, a partir de su sexagésimo tercer período de sesiones, el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la justicia social significa que “todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”. Para avanzar en la justicia social, la OIT indica que se debe avanzar en cuatro pilares: (i) derechos fundamentales y capacidades; (ii) igualdad de acceso a oportunidades; (iii) distribución equitativa; y (iv) transiciones justas. Teniendo presente la conmemoración global y la elección presidencial en nuestro país, es inevitable desarrollar algunos elementos sobre la justicia social a propósito de las candidaturas.
Con el avance político y social de la ultraderecha a nivel global y la presencia de candidatas y candidatos de derecha radical en la carrera a la presidencia y vicepresidencia en Colombia, la configuración de una noción de justicia social desde el capitalismo de libre mercado se esboza en las exposiciones de quienes, desde la ultraderecha, pretenden ocupar la Casa de Nariño en el periodo 2026-2030. Desde esta perspectiva la ‘distribución justa’ se da desde la libre competencia del mercado, con un Estado reducido que no interviene, sino que es garante de la competitividad, y donde cada factor de producción (tierra, trabajo y capital) recibe su justa recompensa de acuerdo con su contribución a la producción, siendo los empresarios quienes mayor beneficio obtienen porque “son quienes arriesgan y se esfuerzan”. Esta noción, siguiendo a David Harvey, va acompañada de la idea de libertad, como posibilidad de maximización de las opciones del mercado y de los derechos, como decisión individual del consumidor. Frente a los derechos como cuestión de definición exclusiva del sujeto, la idea de la candidata de ultraderecha, Paloma Valencia, frente a que se pueda ‘libremente’ escoger entre educación superior pública o privada se ajusta a esta justicia de mercado.
Tal vez la discusión más importante que se da alrededor de la justicia social sea la que se plantea sobre la redistribución y el reconocimiento, abordaje que se ha desplegado en la izquierda a propósito de la política de la identidad; y que se relacionan con la relevancia que han adquirido las luchas por el reconocimiento por sobre aquellas centradas en la redistribución. Frente a esta dicotomía, Nancy Fraser* ha señalado que la redistribución y el reconocimiento, se deben integrar, presentándose tareas teóricas y prácticas para esto, donde ambas corrientes “plantean argumentos legítimos, que, de alguna manera, deben entrar en un proceso de armonización en el ámbito programático y de sinergia en el plano político. La justicia social precisa hoy en día de redistribución y de reconocimiento. Cualquiera de estos elementos por separado resulta insuficiente”.
Frente a las elecciones presidenciales, se ha desplegado especialmente un discurso orientado a condenar cualquier alusión a las clases sociales y a las posiciones en el sistema social hegemónico, acusando a la izquierda y a quienes aluden a la sociedad de poseedores y desposeídos, de querer fraccionar y enfrentar a los colombianos. También se ha expuesto en la campaña un uso de las diferencias y las identidades sin entrar a considerar estas como resultado de las relaciones de poder que adquieren un particular significado en un determinado lugar, situación y tiempo, presentándose un ‘reconocimiento’ impuesto jerárquicamente desde arriba y desde la situacionalidad, lo cual se expresa en el partido Centro Democrático y sus aliados, en la elección de la candidata a presidente y a vicepresidente, donde claramente se aparenta un reconocimiento de identidades (con claros límites establecidos en un ejercicio de imposición del poder), pero sin considerar procesos sociales que excluyen, oprimen y niegan a esas identidades. Opera también en esa candidatura la similitud (que no es uniformidad) a partir de las relaciones y atributos compartidos, principalmente, alrededor de una identificación racial y de clase, la pertenencia a una élite social, política y económica.
Es bastante significativo el abordaje de los reconocimientos y de la justicia social en la actual campaña a la presidencia en Colombia, lo que permite posicionar otros temas más allá de la seguridad y la corrupción, pero estos abordajes, desde la candidatura de izquierda, deben retomar aspectos como los inicialmente enunciados de la OIT, y necesariamente considerar dialécticamente la relación universalidad y particularidad, la posicionalidad o situacionalidad con relación al sistema económico, e indagar por los procesos sociales, que llevan a la necesidad de los reconocimientos, que configuraron las exclusiones y opresiones y develar la justicia de mercado que se encubre en los discursos y las prácticas de ‘reconocimiento’ de la ultraderecha.
* Véase también: FRASER, N.; & HONNET, A. ¿Redistribución o reconocimiento? Madrid: Morata y Paideia, 2018.
