Por: César Gualdrón
Los economistas y otros promotores de las políticas neoliberales plantean que el incremento del salario mínimo (y del nivel general de los salarios) es una decisión que redunda en una “debacle” inflacionaria. Su argumento consiste en indicar que los precios suben al incrementar los costos de producción y, teniendo en cuenta que los salarios hacen parte importante de dichos costos, la consecuencia es que su aumento se traslada a los precios de venta de los bienes y servicios, constituyéndose como causa determinante de la inflación.
Por lo tanto, para evitar que se presente una subida desproporcionada de los precios debe evitarse el aumento del salario y solamente reajustarlo de acuerdo con el índice de inflación, con el fin de que los ingresos laborales recuperen apenas la capacidad de compra perdida el año inmediatamente anterior sin afectar la estabilidad económica general.
Así mismo, desde su perspectiva se advierte que el aumento de los salarios se traduce en un mayor costo individual por cada uno de los trabajadores empleados para las empresas, lo cual encarece su nómina y, por consiguiente, debería reducirse la plantilla de personal con el fin de mantener su viabilidad financiera o, para decirlo de otra manera, su rentabilidad.
O sea que, según tal relato, el aumento de los salarios y el mejoramiento de las condiciones de contratación laboral (relacionados, por ejemplo, con las tímidas medidas contenidas en la reforma laboral aprobada el año pasado en Colombia), ocasionaría un crecimiento del desempleo y, además, un incentivo a la contratación de la fuerza de trabajo en condiciones de informalidad; esto es, empleos sin las garantías mínimas de seguridad social, en términos de afiliación a los sistemas de salud y pensiones.
Entonces, estos economistas nos dicen que las medidas que pretenden ser protectoras del trabajo, resultan en una mayor inflación, un crecimiento del desempleo y peores condiciones de contratación, toda vez que deterioran las condiciones de rentabilidad de las empresas y, de esa manera, el estímulo a la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico, generando un círculo vicioso de empobrecimiento generalizado.
Sin embargo, es preciso tener en consideración que los salarios no son los únicos costos de operación de las empresas: por ejemplo, dentro de dichos costos debe mencionarse la tasa de interés, los costos del transporte, de la energía eléctrica y demás servicios públicos domiciliarios, de los insumos y de la tasa de cambio (cuando se utilizan insumos o maquinarias importadas). Algunos de estos son afectados por el incremento del salario pero otros no o no de la misma manera.
Por ejemplo: los costos del transporte de carga son afectados por las tarifas de los peajes (así como por el precio de la gasolina, debido a que en Colombia no tenemos transporte ferroviario) y los del transporte público urbano por sus respectivas tarifas, ambas establecidas por las autoridades nacionales o territoriales, de manera similar a como sucede con las correspondientes a los servicios públicos domiciliarios. Tampoco el precio de los productos importados, que dependen de la tasa de cambio y no de los costos laborales y otros costos asumidos por empresas del país. Además, la tasa de interés es un costo que impone el Banco de la República o, mejor dicho, el sector financiero privado. En resumen: el fenómeno inflacionario es de carácter multifactorial.
Cabe recordar, de todas maneras, que lo más rancio del discurso monetarista pregonaba en las décadas de 1970, 1980 y 1990 (y como lo pregona en Argentina el gobierno del cuatro-camperas Milei) que la inflación respondía exclusivamente a la dinámica de emisión monetaria, lo cual terminó justificando las reformas constitucionales y legislativas en torno al establecimiento de bancos centrales, cuya única función terminó siendo el control de la inflación mediante la imposición de tasa elevadas de interés y, consiguientemente, el advenimiento de los capitales golondrina, la revaluación artificial del peso, el encarecimiento de la inversión nacional y, por tanto, su reducción y, como consecuencia final, el desempleo y la ruina de miles de ciudadanos en diferentes países de América Latina y el resto del mundo.
Ahora bien, volviendo a lo más arriba dicho: ¿por qué los economistas y demás opositores al incremento del 23% del salario mínimo no ponen el grito en el cielo cuando las empresas de servicios públicos domiciliarios anuncian que van a subir sus tarifas? ¿por qué el gobierno no las ha congelado? ¿o por los incrementos de las tarifas del transporte público masivo, por ejemplo las del Transmilenio? ¿por qué estas continúan subiendo astronómicamente? ¿o por las tarifas excesivamente elevadas de los peajes? ¿o cuando el Banco de la República anuncia la subida de la tasa de interés? Al fin y al cabo, todo lo anteriormente mencionado, que no es consecuencia del incremento del salario mínimo, implica aumentos de los costos de producción de las empresas o del costo de la vida de la ciudadanía colombiana, pero que no ha sido cuestionado por tales seres “tan preocupados por el bienestar de la población”, no solamente en este gobierno.
Por otro lado, como dice el presidente de la República y otros varios analistas: un salario más elevado tiene como consecuencia una mayor capacidad de compra de la población que lo percibe, lo cual podría implicar un mayor volumen de ventas de las empresas y por esa vía mayores ganancias. Mayores ganancias pueden motivar un mayor nivel de inversión, y de esa manera aumentar el empleo formal, cuando menos, mayor empleo en aquellas empresas que tienen más ventas y, de esa manera, se va generando un círculo virtuoso de mayores ganancias, que conducen a mayores inversiones y mayor nivel de empleo (en algunos casos formal y en otros no) y mayores niveles de ventas y etc.
Además, en la medida en que aquellos trabajadores a quienes les mejoran sus ingresos laborales tienden a comprar más, también el sector informal se ve beneficiado en el sentido de mayores ventas y, por tanto, mayores ingresos, lo cual se suma al círculo virtuoso antedicho: empresas y trabajadores formales e informales, mejorando sus ingresos…
Por supuesto que el aumento del salario mínimo no resuelve la totalidad de los problemas de este país; porque no logra generar más empleo formal y tampoco empleos de mejor calidad. Pero las reformas laborales neoliberales que sí lo han prometido en Colombia y otras partes del mundo han resultado en menos garantías al Trabajo y menos ingresos para la población en su conjunto. O sea que esas reformas neoliberales dicen que menos salarios propician más empleos pero, al contrario, aumentaron el desempleo, la precariedad laboral y la pobreza.
Así las cosas, uno de los aspectos más interesantes del gobierno que va a acabar se refiere a las reformas económicas que no fueron posibles pero que han planteado unas discusiones imposibles hace 30, 20 o 10 años en torno al modelo económico y la necesidad de llevarlas a cabo en Colombia. O sea, ha posibilitado la ruptura del “consenso” neoliberal impuesto desde hace más de 30 años, en los ámbitos de la toma decisiones de alto nivel y de las aulas de las facultades de Economía.
Hoy se habla de la desigualdad, del empleo digno (o de los derechos del trabajo), de la función de propiedad y de la industrialización.
No se trata del socialismo, para decepción de una parte de quienes han estado a favor de este gobierno y para la tranquilidad de una parte del establecimiento que se plantea como “oposición” (sin tener en cuenta, por supuesto, las posturas fascistoides, las cuales ven y califican falsamente de “socialista” a cualquier intervención del Estado sobre la economía).
De todos esos temas continuaremos hablando próximamente.
