Por: César Gualdrón
El Presupuesto General de la Nación es el instrumento que contiene la manera en cómo se ordena el gasto público o, para decirlo en otros términos, el conjunto de gastos en los cuales incurre el Estado en cumplimiento de sus variadas funciones en una economía moderna. De acuerdo con el ordenamiento constitucional, para cada año y por iniciativa del Gobierno Nacional, se tramita en el órgano Legislativo para su adopción como Ley de la República.
Así mismo, en la Constitución Nacional se establece la obligatoriedad de incluir en cada ocasión una serie de rubros, los cuales corresponden a las transferencias de recursos destinados a las entidades territoriales (departamentos y municipios) y lo relacionado con las pensiones, además de los salarios de los trabajadores estatales, entre otros. A esto es a lo que los especialistas del tema denominan como inflexibilidades o rigideces del presupuesto o del gasto público, asociadas tanto a las funciones básicas del Estado de Derecho convencional como al desarrollo de algunos de los principios de lo que sería el intento de construcción de un Estado Social de Derecho. El Banco de la República, citando el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, indica que dicha inflexibilidad equivale al 86,4% del gasto primario del Gobierno Nacional Central y llega al 89,1% cuando se incluyen los intereses de la deuda pública.
Entonces, atendiendo solamente al aumento de los precios y el crecimiento poblacional, el gasto público debe aumentar año tras año. Por lo tanto, es inaudito pretender reducir los gastos de funcionamiento e inversión, a menos que se trate de los dichos delirantes de los economistas neoliberales, actualmente auto-denominados “libertarios”. O sea que, en términos generales, podría considerarse como una cuestión normal el incremento del monto total que tuvo el Presupuesto de fallido trámite reciente en el Congreso de la República y terminó siendo fijado mediante decreto presidencial.
Así pues, y a pesar del discurso de la “austeridad” del actual gobierno de Abelardo de la Espriella, no resulta extraño que el monto que ha sido decretado para 2027 es de $635 billones mientras que para 2026 fue de $547 billones. Sin embargo, más allá del monto total, lo importante es la manera en cómo se distribuye el presupuesto; distribución en la cual se expresan las prioridades de cada gobierno en cuanto a las políticas específicas sectoriales que pretende promover y aquellas que no. En ese sentido, la forma en cómo se disponen las partidas del Presupuesto General de la Nación es una cuestión profundamente política o, para decirlo con otras palabras, responde a un proyecto político específico y no se trata simplemente de un asunto técnico y mucho menos un capricho o resultado de rasgos de personalidad del presidente de turno.
De este modo, se entiende que en el del actual gobierno se proyecta la reducción del gastos en sectores tales como agricultura, entre los más importantes, haciendo énfasis en poner punto final a lo que el gobierno anterior denominase “reforma agraria”. También se presenta una reducción de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz, marchitando su capacidad financiera y, con ello, entorpeciendo los ejercicios conducentes al esclarecimiento de la verdad del conflicto armado colombiano, que han sido tan incómodos para las élites económicas y políticas del país. En contraposición, se plantea una significativa entrega de recursos a las EPS, empresas que han saqueado esos recursos desde la puesta en marcha de la ley 100 de 1993 (no es casualidad que la ministra del ramo sea representante de dichas empresas). Así mismo, las empresas de comercialización de energía eléctrica y de gas natural recibirán recursos abundantes a la par que se descartan las comunidades energéticas y cualquier iniciativa de la incipiente transición en ese aspecto. Adicionalmente, es de destacar que uno de los sectores que mayor crecimiento tiene en este presupuesto es el de transporte, cuya ministra es una agente subordinada de la Casa Char.
Complementariamente, cada vez que se pretende recortar el gasto público se acude al expediente de la eliminación o fusión de agencias estatales (como fue ejecutado durante los gobiernos de César Gaviria o Álvaro Uribe), llevando a cabo masacres laborales de trabajadores del Estado; lo cual no conduce a una reducción del gasto público porque termina tercerizando la función pública (mejor dicho subcontratando) con el sector privado y, además, resulta en una fuente importante de fenómenos de corrupción. De todas maneras, la privatización de las funciones del Estado ha implicado su incumplimiento o un cumplimiento parcial o defectuoso y clientelizado.
Ahora bien, uno de los gastos a los que no se hace mención cuando de reducir el gasto público se trata, es el correspondiente al pago de la deuda pública. De hecho, el dogmático artilugio denominado Regla Fiscal (establecido desde el gobierno de Juan Manuel Santos) tiene como objetivo garantizar que en cada año se dispongan los suficientes recursos para esos pagos, incluso en detrimento de los gastos de funcionamiento e inversión, los cuales dan sustento al cumplimiento de las funciones del Estado, pero principalmente en detrimento del gasto social. Así, en este Presupuesto Nacional decretado para 2027 se incrementa el monto relacionado con este pago en una proporción mucho mayor que los demás rubros (un poco más del 50%), llegando a los $155,4 billones, casi duplicando el de inversión ($88,1 billones), el cual de hecho decrece.
Por otra parte, para financiar el gasto gubernamental se recurre a varias fuentes: una de ellas es la tributación (los impuestos), otra es el endeudamiento público y, finalmente, los recursos propios del Estado, fuente que se ha venido menospreciando desde inicios de la década de 1990, con la paulatina privatización de las empresas industriales y comerciales del Estado, de las cuales apenas sobrevive Ecopetrol, aun cuando semi-privatizada y secuestrada por el régimen de su llamado “gobierno corporativo” (que no es más sino una forma de dirección de la empresa con criterios privados y para beneficio de agentes económicos privados).
Descartando la opción antedicha, queda por escoger entre acudir a los impuestos o, alternativamente, al endeudamiento del Estado. Y, en concordancia con la ya bastante trillada cartilla neoliberal, el actual gobierno indica que reducirá los impuestos y, como consecuencia, solicitará préstamos de recursos de capital a la banca multilateral, habiendo anunciado acercamientos para este propósito con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ampliar el endeudamiento con agencias de este tipo implica condicionamientos frente a las políticas públicas, los cuales se traducen en el menoscabo de diferentes rubros del gasto social, tal y como sucedió a partir de la firma del Acuerdo Extendido con el FMI durante el gobierno de Andrés Pastrana.
Lo paradójico de la narrativa que pretende instalar este gobierno de “la patria milagro” es que ha insistido en que el gobierno anterior aumentó desproporcionadamente la deuda pública y que las finanzas del Estado colombiano se encuentran al borde de la insostenibilidad; pero, al mismo tiempo, pretende ampliar el endeudamiento al peor estilo de su referente Javier Milei: aquí, en realidad, lo que se quiere es legitimar el recorte de los recursos destinados a políticas sociales y la privatización de lo que todavía queda como patrimonio público. Y, al fin y al cabo, el pago futuro de esa nueva deuda será también financiado mediante el aumento de los impuestos que deberán ser pagados por la mayor parte de la ciudadanía pero eximiendo a los grandes propietarios: de eso trata la reforma tributaria que ya hace tránsito en el Congreso con el mentiroso título de Ley de Rescate Económico.
