Por: Marcela Sánchez
Equipo Colombia Diversa
El asesinato de Sara Millerey, el pasado 4 de abril, nos deja una mezcla de rabia y desconsuelo que no se nombra fácilmente. Lo que sabemos —por notas de prensa e hipótesis sin confirmar brindadas en declaraciones de autoridades locales— es que un grupo criminal que actúa en Bello, Antioquia, la asesinó como parte de una práctica tan violenta como su nombre común lo indica: “limpieza social”. Un espantoso eufemismo que esconde las posibles e inaceptables motivaciones discriminatorias y, sobre todo, excluyentes de este crimen.
Esta expresión nos sacude con fuerza para recordarnos, una vez más, la urgencia de atender integralmente la violencia contra las personas trans, tantas veces justificada, ignorada o, incluso, promovida por muchas personas.
En lo que va del 2025 se han reportado al menos 13 asesinatos contra personas trans o no binarias. De estos, siete ocurrieron en el departamento de Antioquia. Por eso, podemos afirmar que el caso de Sara no es aislado, y la frecuencia con la que ocurre esta violencia nos lleva a preguntarnos: ¿quién está matando a las personas trans? Esta sociedad. Una donde el prejuicio se ha incrustado en las estructuras más básicas de la vida cotidiana.
Cada vez que una persona trans no puede acceder a servicios de salud —aquellos que son esenciales para afirmar su identidad, reconocerse en el espejo, nombrarse con dignidad—, ese repudio les empuja hacia la muerte. Durante el último año, desde Colombia Diversa hemos acompañado a cerca de 60 personas trans que enfrentan obstáculos para avanzar en sus procesos de reafirmación de género, a pesar de que la jurisprudencia colombiana ha sido clara y abundante en garantizar estos derechos.
Cada vez que una institución educativa responde con violencia o tratos injustos frente a la existencia trans, les condena a la exclusión. Un estudio en 2022 reveló que el 25% de las personas trans encuestadas encontraron barreras para completar su educación debido al acoso escolar que sufrían. Eventualmente, la falta de formación académica les inserta en un escenario donde no podrán acceder al empleo formal.
Cada vez que compartimos información falsa o sin sustento sobre las personas trans —ya sea por desconocimiento o movidos por el miedo— contribuimos a fortalecer un clima de rechazo que tiene consecuencias reales. Las redes sociales se han convertido en territorios hostiles: según una encuesta de GLAAD, el 40 % de las personas trans y no binarias afirmaron no sentirse bienvenidas ni seguras en estos espacios, debido a los altos niveles de odio que allí circulan.
Cuando se insiste en que las personas lesbianas, gay, trans o no binarias pueden dejar de serlo si quieren o se acompañan por personas que les fuercen a cambiar. Negar su existencia es decirle sí a esta violencia, es decir que está bien que sigan ocurriendo actos como el de Sara que niegan su humanidad al afirmar que ella pudo haber cambiado su identidad de género trans si hubiera querido.
Cada vez que una entidad pública evade su responsabilidad de prevenir y atender la violencia contra las personas trans, se perpetúa una negligencia que también mata. En Colombia Diversa llevamos más de dos décadas documentando esta violencia: dónde ocurre, quiénes son las personas más vulnerables, cómo se manifiesta. Por eso, no dudamos en afirmar que las personas LGBTIQ+ viven inmersas en un continuum de violencia. En 2023, pudimos verificar que 26 homicidios de personas LGBTIQ+ ocurrieron en territorios donde, entre 2022 y 2023, se habían emitido Alertas Tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo que advertían de los riesgos específicos que enfrentaba esta población en el contexto del conflicto armado y la persecución de liderazgos sociales. La advertencia estaba hecha.
Recibimos constantemente el mensaje de que nuestras vidas no importan, de que nuestra existencia puede ser borrada. Entonces repetimos la pregunta: ¿quién mató a Sara? Quizás quienes nos leen tienen una respuesta más clara ya.
Nos queda entonces hacernos cargo de nuestra responsabilidad como sociedad. Para relatar la amplia responsabilidad del Estado y de los gobiernos nacional y local no nos queda espacio en esta columna. Sin embargo, dado que creemos que cada uno de nosotros/as tiene alguna responsabilidad en perpetuar este ciclo del prejuicio, debemos contestar sinceramente a estas preguntas: ¿qué hacemos para generar escenarios de salud incluyentes? ¿de qué forma evitamos que la escuela sea un escenario hostil? ¿qué hacemos cuando alguien en nuestra vida hace comentarios homofóbicos, machistas o transfóbicos? ¿qué estrategias podemos usar para hacerle frente a la desinformación en redes sociales? ¿y qué hacemos día a día para desmontar la discriminación?