Por: Jaime Araujo Rentería
Nunca nos cansaremos de buscar la Paz, con justicia social, que Colombia necesita. En la guerra no existe ninguna seguridad sobre ningún derecho ni sobre ningún bien: todos están en peligro de desaparecer, comenzando por la vida, ya que si salimos a la calle no sabemos, con certeza, si regresaremos a nuestros hogares. Y si regresamos, no sabemos si lo harán nuestros hijos o nuestra compañera. El trabajo de toda una vida, puede perderse en un instante. Las personas dejan de expresar sus opiniones libremente, porque un violento puede asesinarlas, por haber dicho la verdad. La libertad personal, puede ser anulada, en un segundo, por un secuestrador.
En la guerra, el futuro no existe y el presente siempre es precario. No existe ninguna certeza, pero sí mucho dolor, tristeza y violación de derechos humanos. Es la violación masiva de muchos derechos de muchas personas. Solo la paz, nos da alegría y respeto por los derechos.
Tampoco nos cansaremos de aclarar que el derecho fundamental a la paz es un derecho de nosotros los colombianos y NO de los gobiernos de turno, ni de los anteriores, ni de los futuros. En esta misma revista decíamos hace algún tiempo:
“Los presidentes de turno, en Colombia, han creído, contra la constitución, que el derecho a la paz, es un derecho de ellos y que el pueblo colombiano, su sociedad civil, no tiene derecho a decir nada sobre el tema y solo tiene que obedecer lo que ellos decidan. ¡Oh, qué grave error; qué equivocación tan peligrosa para los derechos de los ciudadanos ¡Todos se declaran dueños de la paz, todos tienen la llave de la paz, que nadie les entregó!
Es una mentira completa que el gobierno y los actores armados nos van a regalar el derecho a la paz. Por el contrario, unos y otros lo han violado. Lo primero que debemos recordar es que, en nuestro sistema jurídico, el derecho a la paz está consagrado en el artículo 22 de la Constitución como un derecho fundamental: El artículo original de la Constitución Política colombiana de 1991 establecía: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Con posterioridad, a raíz de los acuerdos de La Habana, se expidió el artículo 1 del Acto Legislativo 5 De 2017, que tiene relación con el Artículo 22A “Como una garantía de no repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado”. Este derecho fundamental, lo tiene ya la sociedad civil en su conjunto, como también cada uno de los individuos que la integran y que, en consecuencia, no nos van a regalar este derecho ni el gobierno ni los actores armados. ¿Quiere decir que ahora, quienes nos lo han violado nos están haciendo una gracia, una merced o nos están concediendo un privilegio al cesar en su violencia sobre la sociedad civil? Nosotros creemos que no. No hay duda que en el sistema jurídico colombiano los titulares del derecho a la paz son los individuos, para ejercerlo frente al gobierno (Estado). Los derechos son de aplicación inmediata y son obligatorios para todos los funcionarios del Estado y para los particulares. En Colombia existe como un derecho fundamental, por lo tanto es irrenunciable. De esta manera, vemos positivamente que los actores armados, del Estado y al margen de la ley, cesen de violarlo y apoyamos que busquen la paz, es claro que no es una dádiva, gracia o canonjía que nos están dando.”
Somos amigos de la paz, pues conocemos la catástrofe humanitaria y de derechos que trae la guerra y que está claramente reflejada en el balance humanitario que presentó recientemente el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre Colombia. Para evitar equívocos y tergiversaciones, en muchos casos utilizaremos las mismas palabras del Comité sobre la dura realidad de la guerra en nuestra patria:
“La población civil sigue soportando el peso de la guerra. Anhelaríamos que las cifras sobre las consecuencias humanitarias que recoge este informe pertenecieran al pasado lejano; sin embargo, reflejan la cotidianidad de miles de familias, en su mayoría campesinas, indígenas y afrodescendientes.”
“La situación humanitaria en las regiones donde trabajamos no presentó mejoras significativas para las comunidades. A lo largo del año, nuestros equipos en el terreno documentaron 444 presuntas violaciones del DIH y otras normas humanitarias por parte de actores armados estatales y no estatales. Entre estas se encuentran amenazas; violencia sexual; reclutamiento, utilización y participación directa en las hostilidades de niños, niñas y adolescentes; homicidios; empleo de artefactos explosivos con efectos indiscriminados; tratos crueles, inhumanos o degradantes, y privaciones arbitrarias de la libertad, entre otras conductas.”
En el año 2023, los desplazamientos individuales afectaron sus derechos a 145.049 personas, la gran mayoría en el Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Cauca, Bolívar, Norte de Santander, Córdoba, Chocó, Sucre, Arauca y Putumayo. Mientras que el fenómeno contrario, esto es el confinamiento -Personas que no pueden irse-, afectó a 47.013 personas, en sus derechos, especialmente en Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Arauca y Caquetá.
En este mismo año, los desplazamientos masivos afectaron en sus derechos humanos a 50.236 personas; especialmente en Nariño, Bolívar, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Huila. Durante el mismo periodo hubo 380 víctimas de artefactos explosivos, de los cuales 205 fueron civiles, 23 menores de edad, 154 integrantes de la fuerza pública y 21 miembros de grupos armados. El 71% de las víctimas están en 4 departamentos: Nariño, Cauca, Norte de Santander y Antioquia.
En otro Informe de Cruz Roja, denominado Laberinto de ausencias: la huella de la desaparición se establece que: “En 2023, documentamos 222 casos de personas desaparecidas en relación con los conflictos armados y la violencia que ocurrieron en ese año. Este dato confirma la persistencia de esta realidad en 18 departamentos, de los cuales Arauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca son los más afectados, con el 75 % del total de los casos documentados”.
Además, de estos casos 49, corresponden a niños, niñas y adolescentes. Y 168 a civiles y el 75% de los casos se concentró en Arauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca. Desde la entrada en vigor del acuerdo de paz y diciembre de 2023, 1476 personas han desaparecido.
Por otro lado, “Durante 2023, la Mesa Nacional de Misión Médica registró 511 actos violentos contra la asistencia de salud en todo el país. De estos, 140 (27 %) estuvieron relacionados con los conflictos armados. La mayoría fueron contra la vida y la integridad del personal sanitario e impactaron directamente a auxiliares, enfermeros, psicólogos, odontólogos, médicos, conductores de ambulancias y equipos de salud pública, quienes sufrieron las consecuencias físicas y emocionales de estos actos”.
Como se puede observar, la violencia que afecta la salud mental y física de la población civil, está afectando directamente al personal médico y sanitario, cuya misión es aliviar y curar el sufrimiento de las comunidades.
En relación con los derechos de las personas privadas de la libertad, es importante recordar aquí, que los detenidos o condenados, si bien están privados de su derecho a la libertad personal, no pierden sus otros derechos humanos o como dicen: Los derechos no terminan tras las rejas. Y aún así, el CICR identificó que “La problemática del hacinamiento en los establecimientos de reclusión del orden nacional continuó en aumento durante 2023 y alcanzó el 24,5 % al final del año. Esto significa que la población privada de libertad excede en cerca de 20.000 personas la capacidad instalada en estos lugares, lo que repercute negativamente en el acceso a recursos básicos, así como a derechos y garantías judiciales.”
Este costo en derechos humanos es lo que hace que promovamos que la sociedad civil tome su derecho a la paz, con justicia social, en sus propias manos. Que tome la iniciativa y lo ejerza directamente y, por esa misma razón, suscribimos lo dicho por el jefe de la delegación del CICR en Colombia, en los 8 conflictos armados no internacionales que, según dice, existen en Colombia:
“Por eso, para nosotros, son bienvenidos todos los esfuerzos encaminados a encontrar soluciones negociadas a los conflictos armados, pues son una oportunidad para reducir el sufrimiento de miles de personas. No obstante, es fundamental recordar que, incluso durante diálogos de paz y aun cuando existan ceses al fuego, las consecuencias humanitarias de los conflictos armados subsisten, y es allí donde el DIH ofrece una oportunidad.”
Como la violencia, en vez de disminuir aumenta y aumenta el peligro de la violación masiva de derechos humanos, parece que el futuro será peor. El nuevo informe de la Cruz Roja, sobre el año 2024 es preocupante: entre enero y mayo, aumentaron un 35% las víctimas de artefactos explosivos, un 49% los desplazamientos masivos y un 101% los confinamientos. También se registraron 78 desapariciones y 116 actos violentos contra personal médico.
Aun así, ante esta violación masiva de derechos del pueblo no podemos desistir en nuestra lucha por la Paz, ni la sociedad civil, dejar que la violencia mate la esperanza por la paz.
