Por: Cindy Bautista
Equipo Colombia Diversa
En Colombia, las personas trans siguen teniendo que demostrar, una y otra vez, que su vida y su identidad importan. En los últimos tres años, en Colombia Diversa hemos acompañado 193 consultas relacionadas con acceso a salud para personas trans, y hemos brindado apoyo jurídico en más de 60 casos específicamente relacionados con tratamientos de afirmación de género. Cada uno de estos números representa una historia atravesada por la negación y el desgaste institucional.
En el caso de las personas trans, la Corte Constitucional ha sido clara. Más de 30 sentencias reconocen que procedimientos como tratamientos hormonales, mastectomías, mamoplastias, cirugías de afirmación de sexo o consultas de endocrinología hacen parte del derecho a la salud cuando están dirigidos a afirmar la identidad de género.
Incluso, en 2022, la misma Corte ordenó al Ministerio de Salud expedir una guía de práctica clínica que garantizara la atención integral en salud para personas trans. El plazo para su cumplimiento era de un año. Hoy, más de dos años después, esa guía sigue sin ser expedida.
Sabemos que el sistema de salud colombiano enfrenta múltiples desafíos, pero eso no puede justificar que se siga ignorando un principio fundamental del Estado social de derecho: el derecho a la salud debe ser garantizado para todas las personas, sin excepción. Hoy, muchas personas trans en Colombia se ven obligadas a acceder a tratamientos inseguros, en condiciones de riesgo para su salud y su vida, porque el sistema insiste en convertir cada solicitud en una carrera de obstáculos: citas médicas que nunca llegan, autorizaciones que se vencen sin ejecución, trámites repetidos hasta el agotamiento. Todo esto, mientras intentan sobrevivir en una sociedad que, además, las rechaza y discrimina por ser quienes son.
El uso de la tutela se ha vuelto un camino para acceder a derechos ya reconocidos, pero incluso ese mecanismo pierde su efectividad cuando las órdenes judiciales no se cumplen. Hemos acompañado casos de mujeres trans con dos y hasta tres tutelas presentadas, todas con órdenes claras de jueces que les dan la razón y aún así, no pueden acceder a los servicios de salud.
Una muestra de esta situación es el caso de Martina ( este nombre fue modificado para salvaguardar su privacidad), una mujer trans, que vive en un municipio del Pacifico colombiano. Desde hace más de tres años ha solicitado a su EPS acompañamiento hormonal y una mamoplastia, sin obtener una respuesta efectiva. Aunque cuenta con valoraciones y órdenes médicas, ha enfrentado trabas administrativas que han llevado incluso a que las autorizaciones caduquen sin ser ejecutadas.
A esto se sumó el cierre de la especialidad médica en su municipio, lo que la obligó a esperar la asignación de un nuevo profesional y trasladarse a la capital del departamento. Ha presentado derechos de petición, una tutela y su respectivo desacato, pero su acceso a la salud sigue siendo vulnerado. Martina continúa esperando una atención integral, sin que las entidades encargadas de su caso den respuesta efectiva a sus requerimientos.
Frente a este panorama, es urgente avanzar en una serie de acciones concretas que el Estado y el sistema de salud pueden implementar desde ya; la primera es eliminar los requisitos patologizantes, como la exigencia de diagnósticos de “disforia de género”, que revictimizan y retrasan el acceso a servicios; la segunda, promover la formación del personal de salud desde enfoques no discriminatorios, con conocimiento real de las vivencias y necesidades de las personas trans. También es indispensable establecer protocolos, guías y rutas claras que eviten reprocesos y barreras administrativas; y no menos importante: reducir las desigualdades territoriales que hacen que, mientras en Bogotá había más de 80.000 profesionales de salud con formación universitaria en 2023, departamentos como Chocó o Amazonas reportan apenas 634 y 196, respectivamente.
Finalmente, fortalecer las redes comunitarias de personas trans es clave. No se trata solo de incluirlas como beneficiarias, sino de reconocerlas como aliadas estratégicas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Solo así podremos avanzar hacia un sistema de salud libre de discriminación y realmente equitativo.
