Por: Juan Guillermo Romero
Hay una diferencia enorme entre ver los problemas de Colombia en una presentación de PowerPoint y verlos desde una vereda, desde un barrio sin alcantarillado o desde una plaza de mercado donde la gente trabaja doce horas para ganarse lo del día. Esa diferencia importa. Y va a importar mucho más cuando el próximo gobierno tenga que decidir qué hace con cuatro años y con un país que viene acumulando deudas sociales hace décadas.
Con las elecciones de 2026 ya encima, el debate sobre qué necesita Colombia no debería reducirse a eslóganes de campaña. Debería partir de los datos y de lo que esos datos le hacen a la vida real de la gente.
El punto de partida tiene sus luces. Colombia cerró el 2025 con una pobreza multidimensional del 9,9% según el DANE. Es el nivel más bajo desde que existe esa medición y significó que cerca de 793.000 personas salieron de esa condición en un solo año. Eso no es menor. Pero el mismo DANE reporta que en Chocó el 67,4% de la población vive en pobreza monetaria y en La Guajira el 65,7%. Los promedios nacionales tienen esa trampa: esconden que en Colombia el código postal de nacimiento todavía decide en buena medida el futuro al que se puede llegar.
En materia de desigualdad el panorama es igualmente exigente. El coeficiente de Gini cerró en 0,551 en 2024 según el DANE. El Informe de Desarrollo Humano 2025 del PNUD ubicó a Colombia como el tercer país más desigual del planeta detrás de Sudáfrica y Namibia. No es un detalle técnico. Es la señal de que el crecimiento económico ha avanzado sin repartirse como debería entre quienes menos tienen.
En el empleo la situación tampoco da tregua. La informalidad laboral cerró 2025 en 55,7% según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE y prácticamente no se movió frente al año anterior. En zonas rurales ese número llega al 83,5%. En ciudades como Sincelejo la informalidad alcanza el 68,5% lo que significa que casi siete de cada diez trabajadores no tienen pensión ni seguridad social ni estabilidad. Eso no es una estadística abstracta. Es la señal de que más de la mitad de los colombianos que trabajan lo hacen sin red de protección y que el sistema no ha logrado conectar el mundo del trabajo con el de los derechos.
A todo eso se suma la violencia que sigue cobrando vidas en los territorios. Según la Defensoría del Pueblo en 2023 fueron asesinados 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Cada uno de esos nombres representa a alguien que estaba haciendo lo que debería hacer cualquier ciudadano en democracia: organizarse y defender su comunidad. Cuando eso se castiga con la muerte algo muy profundo está fallando en el Estado.
Frente a este cuadro el próximo gobierno tendrá que tomar una decisión de fondo sobre qué tipo de Plan Nacional de Desarrollo quiere construir. Un plan que sea más que una lista de metas sectoriales. Uno que entienda que la pobreza en el Chocó no se resuelve con las mismas recetas que funcionan en Cundinamarca. Que la informalidad laboral no cede solo con subsidios temporales sino con transformaciones reales en cómo produce el país y cómo protege a quienes trabajan. Que la seguridad en los territorios no es un tema de orden público solamente sino una condición para que cualquier política de desarrollo pueda llegar a donde tiene que llegar.
Un enfoque integral de desarrollo significa justamente eso: que la salud, la educación, el empleo decente, la seguridad y la reducción de brechas regionales no sean compartimentos separados sino una sola apuesta articulada. Significa también que quienes diseñen las soluciones tengan la humildad de escuchar a quienes viven los problemas todos los días.
Desde las comunidades se aprende algo que la técnica a veces olvida: que los planes más ambiciosos fracasan cuando no tienen raíces. El próximo gobierno de Colombia tendrá cuatro años para demostrar si sus propuestas las tienen.
El tiempo ya está corriendo.
