Por: María Consuelo del Río Mantilla
La democracia constitucional colombiana atraviesa uno de sus momentos más críticos y de mayor vulnerabilidad institucional. La configuración de un nuevo gobierno bajo la égida de Abelardo De La Espriella no solo anuncia un viraje ideológico conservador y punitivista, sino que plantea una amenaza estructural contra el pluralismo político, la garantía de los derechos humanos y la estabilidad de los pilares republicanos. Gran parte del equipo designado por el presidente “electo” tiene serios cuestionamientos judiciales y/o éticos. Voy a referirme a dos nombramientos recientes que condensan con extrema claridad este peligro sistémico: la designación de Didier Blanco al frente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la de Paola Holguín en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Analizados a la luz de la teoría democrática y el derecho público, ambos nombramientos no son meras decisiones administrativas; representan la captura facciosa de agencias estatales neurálgicas para imponer una visión sectaria de la sociedad.
1. Didier Blanco en la UNP: La paradoja de poner el zorro a cuidar el gallinero
La designación de Didier Blanco como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) incrementa la profunda crisis de legitimidad con que se iniciará el gobierno y pone en tela de juicio las garantías de seguridad para la oposición política en Colombia. Blanco, un cuestionado abogado y psicólogo que se catapultó en la arena pública como un activista digital, ha proferido de manera sistemática insultos, estigmatizaciones y descalificaciones personales contra los mismos líderes y defensores de derechos humanos cuya vida e integridad física tiene el deber de proteger.
La UNP es la entidad encargada de brindar protección especial a personas en riesgo, evaluar niveles de amenaza y coordinar medidas preventivas de seguridad. Sin embargo, los antecedentes digitales y la conducta pública de Blanco revelan una hostilidad inocultable hacia los sectores progresistas y críticos del régimen entrante, que pueden tener riesgo extraordinario por su actividad política y social.
El prontuario retórico de Blanco en redes sociales no es el de un servidor público neutral, sino el de un fanático lleno de odio. Entre sus publicaciones grotescas e insultantes se refiere al presidente Petro como "cacorro, mentiroso y cocainómano" y califica al senador Iván Cepeda de "comunista del demonio" y "heredero de las guerrillas". Así mismo, Blanco manifestó su deseo de "limpiarse el culo" con el medio de comunicación La Silla Vacía y con figuras como Gustavo Petro, Iván Cepeda, Daniel Coronell, Juan Manuel Santos y el Centro Democrático.
Asimismo, ha incurrido en la criminalización sistemática del progresismo, tildando a políticos independientes y activistas de "bandidos", "mafiosos" y "estafa social", bajo el falaz argumento de que los sectores alternativos manipulan a la juventud. Esta narrativa no es inocua: cuando un funcionario encargado de evaluar niveles de riesgo y asignar esquemas de seguridad considera al opositor político como un enemigo existencial o un criminal, el sistema de protección deja de ser un derecho ciudadano para convertirse en un mecanismo de sospecha o, peor aún, en una herramienta de vulnerabilidad calculada y de persecución política.
Más allá de su sectarismo, la trayectoria administrativa de Blanco en Ibagué añade capas de profunda desconfianza sobre su aptitud para gerenciar un presupuesto superior a los 2.37 billones de pesos que maneja la UNP. Sobre su gestión pesan graves denuncias de corrupción, señalándolo de haber dejado la Unidad de Salud de Ibagué (USI) con un déficit financiero superior a los 2.200 millones de pesos y de estructurar una "nómina paralela" con réditos electorales para nutrir su fallida campaña a la alcaldía municipal.
A esto se suma la notoria falta de experiencia técnica en seguridad nacional y protección de dignatarios, matizada por episodios bochornosos como sus videos virales en TikTok arrojando dólares en una cama en paños menores, un estilo estético y conductual impropio de la alta dignidad del Estado, cercano más bien a las prácticas mafiosas. Pretender que este perfil ejecute una "depuración" técnica de la entidad es una contradicción en los términos; lo que presenciamos es la consolidación de un fortín político clientelar y de persecución ideológica.
2. Paola Holguín en el Ministerio de Cultura: La ideologización del patrimonio y las artes
Si el nombramiento de Didier Blanco en la UNP pone en peligro la integridad física de la oposición, la designación de Paola Holguín al frente del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes amenaza con mutilar el alma pluralista, diversa y crítica de la nación. El talante ideológico que impregna la trayectoria de Paola Holguín no responde únicamente a los cánones de un conservatismo tradicional, sino que hunde sus raíces en la lógica y la moralidad de una cultura mafiosa. Hija de Frank Holguín, identificado en expedientes judiciales de extinción de dominio y de la Dirección Nacional de Estupefacientes como testaferro del Cartel de Medellín y comprador de bienes simulados de Pablo Escobar durante su reclusión en La Catedral, Holguín creció bajo la impronta de un legado familiar de ilicitud. Este trasfondo explica por qué su pensamiento político y su visión del Estado no se limitan a la ortodoxia derechista, sino que operan bajo los códigos del compadrazgo mafioso, la lealtad a los clanes de la ilegalidad y la dominación violenta de las instituciones. Es desde esa perspectiva que se convierte a la administración pública en un botín al servicio de intereses oscuros.
El Ministerio de Cultura fue concebido en la Constitución de 1991 como un baluarte para reconocer y proteger la multiplicidad étnica y cultural de la Nación, fomentando la memoria histórica, la libertad de creación y el pensamiento crítico. Sin embargo, encomendar esta cartera a una figura con una trayectoria marcada por la polarización y la defensa de doctrinas de seguridad nacional genera un profundo escalofrío en los gremios artísticos, los movimientos indígenas, afrodescendientes y las expresiones culturales alternativas.
Durante su ejercicio legislativo, Paola Holguín se ha caracterizado por una férrea oposición a los enfoques de derechos humanos en la política cultural y educativa, estigmatizando de manera reiterada las expresiones artísticas independientes, el cine nacional de memoria y las narrativas históricas que desafían el relato oficial de las élites tradicionales. Su visión de la "cultura patria" suele subordinar la creación estética y la investigación académica a dogmas supuestamente morales y de seguridad.
Colocar a Holguín en la cúspide del sector cultural colombiano envía un mensaje inquietante: la posible censura indirecta a través de la asignación presupuestal de estímulos, el copamiento ideológico de los museos nacionales, el Archivo General de la Nación y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Cuando la cultura es cooptada por el aparato estatal para promover una sola narrativa oficial, en este caso mafiosa, se socava el principio democrático fundamental de la libertad de expresión artística.
Los nombramientos de Didier Blanco en la UNP y de Paola Holguín en el Ministerio de Cultura no son errores de cálculo político. Configuran una estrategia coherente y deliberada de captura institucional orientada a debilitar los contrapesos democráticos, amedrentar a la oposición mediante la asfixia de sus garantías de seguridad y colonizar los espacios simbólicos de la nación. Mientras el primero instrumentaliza un organismo de protección vital para exponer a los opositores a la indefensión, la segunda subvierte el patrimonio cultural para imponer una narrativa autoritaria y excluyente. Ambas designaciones no solo degradan los estándares mínimos de la función pública y convierten el aparato estatal en un mecanismo de amenaza y zozobra para la ciudadanía, evidenciando que la democracia ha dejado de ser un pacto de convivencia pacífica para transformarse en un botín al servicio de la intimidación.
La democracia colombiana resistirá en la medida en que la ciudadanía activa, mantenga una fiscalización implacable frente a los abusos de poder que se avecinan.
