Por: Mauricio Jaramillo Jassir
Colombia ha sido territorio de migrantes, no cedamos en ese hecho afincado en la historia. Durante la década de los 90, en buena medida por la exacerbación del conflicto y la crisis económica cientos de miles intentaron buscar mejores condiciones de vida en algunos países del Norte Global, en particular Estados Unidos y España. Esa ola migratoria conoce de primera mano las vicisitudes a las que se enfrentan los migrantes y entienden a la perfección la necesidad de avanzar hacia una movilidad humana donde el derecho sea la regla y no la excepción. Con el avance de las extremas derechas y el fascismo, la migración se ha convertido en blanco de los discursos de odio, que además están apoyados en falacias, “los migrantes son violentos y traen inseguridad, que roban empleos, no se adaptan, generan solo costos”. Todo lo anterior no sólo responde a una lógica forzada que en nada tiene que ver con la realidad, sino que está calando hondo para destruir los derechos humanos y en particular su naturaleza inalienable, naturales a la condición humana.
La decisión del gobierno de De la Espriella de aterrizar la política de persecución a los migrantes al escenario colombiano es un nuevo desacierto que habla hasta qué punto se sigue improvisando y la derecha colombiana que siempre se cuidó de los discursos xenófobos (al menos de dientes para afuera), esta vez ha optado por quitarse la careta y abrazar una nueva versión del fascismo, típico del Norte Global, el rechazo a migrante y su adjetivación como ilegal. La decisión de expulsar y perseguir a quienes estén la irregularidad (no es un delito) ahondará la estigmatización, creará la categoría de ciudadanos de primera y segunda clase y generará incentivos para que esos irregulares sean explotados de las peores formas en un mercado laboral que sabe muy bien cómo capitalizar la necesidad de los “sin papeles”. Se ha apresurado el ministro del interior a aclarar que no se meterán con quienes tengan un permiso temporal o permanente, como si acaso no fuera obvio que quien tenga un estatus dentro de la regularidad tiene el derecho a la permanencia. La administración De la Espriella rompe con décadas de continuidad respecto de una política de Estado de reconocimiento de la migración o movilidad humana como un fenómeno social y no como una crisis o amenaza a la seguridad.
Ha hecho carrera, incluso entre sectores progresistas y liberales, el lugar común de que la migración es oportunidad, porque quienes llegan pagan impuestos, trabajan y aceitan la economía. Tal versión es un despropósito, constituye la neoliberalización de la movilidad y nos traslada al peligroso campo de la transaccionalidad en los derechos. Dizque “el derecho se gana cumpliendo con el deber”, total exabrupto que contradice la naturaleza inalienable de los derechos humanos, nadie puede ser despojado de su ejercicio.
Allanar el camino para una xenofobia en contra de los venezolanos será de los errores más inexcusables de este gobierno fascista, xenófobo y demagogo. La lección para todos aquellos que crean en el humanismo es clara, la pérdida de derechos es una invitación para radicalizar las posturas, trazar una línea roja en su defensa.
