Por: Mauricio Jaramillo Jassir
El nuevo gobierno ha tenido mucha prisa en presentar un informe que a su entender devela los malos manejos del antecesor. Para ello ha escogido el nombre provocador y sugerente del “libro blanco o de la verdad”, esta última una palabra incompatible con la democracia, y que revela hasta qué punto Colombia está en manos de una administración que le ha dado la espalda a la razón. La verdad, salvo en las comisiones que trabajan en función de la memoria y donde su apelación obedece a lógicas simbólicas, no debe tener cabida en la política. Es peligrosa, el mundo está lleno de antecedentes en los que a nombre de la verdad se han cometido los peores vejámenes, violaciones a los derechos humanos y el autoritarismo ha sido la ley. Bienvenida la verdad en las iglesias, misas y en los rituales religiosos, pero cuando se trata del debate público nadie puede atribuirse el derecho a ser su dueño.
Esto sigue mostrándonos la poca disposición para la deliberación que debe ser siempre marca de la democracia, sin discusión, rendición de cuentas y la sana confrontación no se puede hablar en estricto sentido de Estado de derecho, pluralismo o de una comunidad incluyente. Anuncia el presidente Abelardo de la Espriella que se van a dedicar a perseguir e investigar los escándalos de corrupción del primer gobierno progresista de la historia. Se trata de una contradicción porque esta administración empezó con los taches arriba desconociendo la legitimidad de quien estaba llamado a reemplazar y descartando cualquier empalme que no supusiera una cacería de brujas. Jamás en la historia reciente un gobierno entrante se había negado a un proceso de transición como ocurrió con el actual. La consecuencia es clara. Cuando ocurrió el trágico terremoto que golpeó al Occidente del país, buena parte de los puestos de la administración pública se encontraban o bien vacantes o con funcionarios que aún no estaban en propiedad. Lo ha dicho justificadamente la exvicepresidenta Francia Márquez, la ausencia de empalme tuvo mucho que ver en la pésima reacción frente al desastre natural, la lenta respuesta y la inocultable improvisación. Peor aún, nadie en el gobierno ha asumido la responsabilidad política de lo ocurrido. Esa misma mañana de sismo, se anunciaba a través de un comunicado lleno de errores y contradicciones que Colombia reconocía la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, muestra de la total desconexión con lo que estaba viviendo el país.
El libro de la verdad no es más que la irrupción burda del autoritarismo en Colombia, un recuerdo vivo de los peores años del uribismo cuando se erosionó la independencia poderes. Dirán algunos que De la Espriella y su gabinete están en el derecho de develar los hallazgos, pero lo que no pueden hacer es usurpar el poder de los órganos de control, un poder independiente que no puede, ni debe depender del ejecutivo. Que el jefe de Estado salga públicamente a anunciar que perseguirán a los responsables de la corrupción no sólo es una señal de una demagogia desgastada e improvisada, sino una usurpación de funciones que desnuda el carácter autoritario de quienes hoy nos gobiernan.
Mientras tanto, se filtran informaciones que indican que no existiría disposición para hablar con la prensa, que no habrá entrevistas salvo con medios amigos y circula la versión preocupante de ordenes o presiones para el despido de periodistas como en los casos de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo. A esto se suma la decisión inconstitucional y guerrerista del cierre de las 20 emisoras de paz, activo de los Acuerdos de 2016 compromiso, no de gobierno, sino de Estado.
Nos roban la democracia apropiándose de la dizque verdad, la religiosidad presente en el discurso de ministros y la erosión de la independencia de poderes deben llamar la atención. No basta con tímidas denuncias o con los llamados a la solidaridad con quienes han sido despedidos de los medios de comunicación. El autoritarismo exige respuestas contundentes, la desobediencia está consignada en la tradición liberal y en consonancia nos asiste el derecho de afirmar sin que se considere irresponsable o revanchista que este gobierno carezca de legitimidad. Todos los días nos lo demuestra.
