Por: Mauricio Chamorro Rosero
El uso de máscaras, ropa sin distintivos y la ausencia deliberada de identificación por parte de agentes policiales se ha convertido en un tema de preocupación democrática. En Estados Unidos, desde hace algunas semanas esta discusión ha tomado fuerza tras diversas denuncias contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Aunque la agencia cuenta con más de 20.000 funcionarios dedicados oficialmente a proteger la seguridad nacional mediante el control migratorio y la lucha contra redes criminales y transnacionales, su actuación reciente ha generado preocupación en la ciudadanía.
Durante los últimos años, especialmente a partir del gobierno de Donald Trump, el ICE ha adquirido mayor protagonismo. La administración Trump fortaleció particularmente a esta agencia, pues le permite materializar su agenda antimigratoria. Así, en un contexto de efervescencia xenofóbica, agentes del ICE han sido vistos realizando operativos usando máscaras y vestimenta no oficial, operando sin identificación mientras ejercen funciones policiales. Esta práctica ha sido interpretada por sectores políticos como un método para sembrar terror entre comunidades migrantes, al punto de ser comparada por algunos congresistas demócratas con el actuar de la Gestapo en la Alemania nazi. Según estas críticas, el anonimato facilita las prácticas intimidatorias y refuerza los discursos supremacistas, los cuales priorizan expulsar extranjeros sin asegurar un proceso migratorio regulado.
En respuesta a este accionar policial, un sector del Congreso estadounidense impulsa la llamada “Ley de Visibilidad”, que buscaría prohibir el uso de máscaras por parte de agentes federales de inmigración. Además de revelar el rostro, la iniciativa exige que los funcionarios exhiban de manera clara el nombre o siglas de su agencia, así como su propio nombre o número de placa, sin que la vestimenta táctica lo oculte. Para sus promotores, estas medidas son esenciales para garantizar transparencia y evitar abusos en el ejercicio de la autoridad estatal.
Aunque la discusión se ha visibilizado globalmente debido al caso estadounidense, este tipo de accionar policial no es exclusivo de ese país. En Colombia, durante el estallido social de 2021, se observaron patrones similares. Numerosos policías actuaron sin identificación mientras reprimían manifestaciones, lo que, según denuncias, facilitó abusos graves. El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz registró 80 víctimas de violencia homicida durante esas jornadas, presuntamente cometidas por agentes de la fuerza pública (https://indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/). La ausencia de identificación impidió llevar a muchos de estos responsables ante la justicia, dejando a las víctimas en un escenario de indefensión sistemática.
El impacto democrático de estas prácticas es profundo. El anonimato dentro de las fuerzas del orden erosiona la confianza ciudadana y debilita el Estado de derecho. Sin la posibilidad de reconocer a un agente, cualquier intento de exigir rendición de cuentas se vuelve prácticamente imposible. En estas condiciones, la imparcialidad legal queda seriamente comprometida. La falta de identificación no solo encubre eventuales actuaciones criminales, sino que también transmite el mensaje de que el Estado respalda o tolera estos comportamientos.
Con todo, es necesario recordar que esta forma de operar contradice estándares internacionales de derechos humanos que insisten en la importancia de que los agentes policiales estén plenamente identificados al cumplir sus funciones. La visibilidad del funcionario es, en sí misma, una garantía de protección ciudadana, pues permite reconocer abusos, establecer responsabilidades y reforzar la legitimidad del accionar estatal.
La experiencia reciente en distintos países muestra que la transparencia en el ejercicio de la fuerza pública no es un detalle administrativo, sino una condición indispensable para que la ciudadanía pueda confiar en quienes ejercen autoridad. Cuando los agentes ocultan su identidad, no solo se borran sus rostros: también se borran derechos.
