Por: Jaime Gómez Alcaraz
El genocidio perpetrado en Gaza por Israel exige no solo atención, sino posicionamiento moral y político. Con más de 58.500 víctimas fatales reportadas al 17 de julio de 2025, este genocidio ha sido el tema único de la Conferencia de Emergencia del Grupo de La Haya, celebrada en Bogotá el 16 de julio pasado y marcó un hito en la respuesta internacional al genocidio perpetrado en los territorios palestinos ocupados. Una treintena de países acordaron medidas concretas para frenar el suministro de armas a Israel, promover la rendición de cuentas y proteger los derechos humanos de la población palestina. Este gesto, lejos de ser meramente simbólico, es una afirmación jurídica y ética en defensa de la vida, del derecho internacional y de la dignidad humana.
Medidas del grupo de La Haya: un esfuerzo multilateral contra el genocidio
La Conferencia de Emergencia del Grupo de La Haya, liderada por países como Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, reunió a representantes de aproximadamente 30 Estados, incluyendo España, Brasil, China, Egipto, Irlanda, México, Uruguay y Venezuela, además de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese. Este esfuerzo multilateral acordó impedir el suministro, transferencia y transporte de armas, municiones, combustible militar y equipos de doble uso hacia Israel, con el objetivo de limitar la capacidad bélica que sostiene el genocidio en Gaza. La fecha límite para implementar estas medidas es el 20 de septiembre de 2025, coincidiendo con la 80ª Asamblea General de la ONU, aunque 12 países —Bolivia, Colombia, Cuba, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas, y Sudáfrica— se comprometieron a actuar de inmediato, reflejando la urgencia de la crisis humanitaria.
El acuerdo incluye la revisión urgente de contratos públicos para garantizar que los fondos estatales no apoyen la ocupación ilegal de los territorios palestinos, un paso crucial para cortar los lazos económicos que perpetúan la violencia. Además, se estableció un compromiso con la rendición de cuentas por crímenes graves, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, mediante el apoyo a investigaciones internacionales y mandatos de jurisdicción universal. Esta última medida permite procesar a los responsables de atrocidades, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde se cometieron los crímenes, fortaleciendo los mecanismos de justicia global. Las restricciones al transporte marítimo de armas, alineadas con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, buscan interrumpir la logística militar que abastece a Israel, mientras que el objetivo general es proteger la paz y seguridad regionales, amenazadas por las acciones de Israel en Gaza y los territorios ocupados.
La decisión tomada en Bogotá no es un acto de rebeldía aislado, ni una jugada geopolítica impulsiva. Por el contrario, se fundamenta en pilares sólidos del Derecho Internacional Público y del Derecho Internacional Humanitario. La Carta de las Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio prohíben de forma explícita toda colaboración —directa o indirecta— con Estados que cometan crímenes atroces contra la población civil. Impedir el suministro de armas, combustible militar, tecnología y otros materiales de doble uso a un Estado que está siendo investigado por genocidio y crímenes de guerra es, por tanto, una obligación jurídica, no un capricho político.
La industria militar, particularmente en países como Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea, desempeña un papel central en el sostenimiento de la capacidad bélica de Israel. Las empresas que producen y exportan armas a Israel, junto con los gobiernos que facilitan estas transacciones, son cómplices de las violaciones al derecho internacional humanitario, ya que el uso de estas armas en ataques desproporcionados e indiscriminados contra civiles constituye una violación grave de las Convenciones de Ginebra. Los gobiernos que no condenan el genocidio o que bloquean resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU, como Estados Unidos, agravan esta complicidad al proteger a Israel de la rendición de cuentas internacional, debilitando el sistema global de derechos humanos.
El genocidio en Gaza y la quiebra del derecho internacional
La aceptación del genocidio en Gaza como una realidad incuestionable tendría consecuencias catastróficas para el derecho internacional, erosionando los pilares fundamentales del orden jurídico global. El término "genocidio" está definido en el artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 como actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Las acciones de Israel en Gaza —bombardeos masivos, bloqueo humanitario, desplazamiento forzado y destrucción de infraestructura esencial— cumplen con los criterios de esta definición, especialmente dado el impacto desproporcionado sobre la población civil palestina, que enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. La falta de acceso a alimentos, agua, atención médica y refugio, combinada con la muerte de más de 58.500 personas, evidencia una intención sistemática de infligir condiciones de vida destinadas a provocar la destrucción física del grupo palestino.
El derecho internacional humanitario, consagrado en las Convenciones de Ginebra de 1949, prohíbe los ataques indiscriminados y desproporcionados contra civiles, así como el castigo colectivo, ambos evidentes en la ofensiva de Israel. La ocupación de los territorios palestinos, considerada ilegal por resoluciones como la 242 del Consejo de Seguridad, viola el principio de autodeterminación de los pueblos, reconocido en el artículo 1 de la Carta de la ONU. Además, el bloqueo de Gaza constituye una violación del derecho a la vida y a la dignidad humana, protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Si el genocidio en Gaza es tolerado por la comunidad internacional, se establece un precedente peligroso que debilita el sistema de normas que regula el comportamiento de los Estados. La inacción de gobiernos que no condenan estas atrocidades, o que vetan medidas en foros internacionales, socava la credibilidad de instituciones como la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI). Por ejemplo, el veto recurrente de Estados Unidos a resoluciones que critican a Israel impide la aplicación del Capítulo VII de la Carta de la ONU, que permite medidas coercitivas para mantener la paz y seguridad internacionales. Esta obstrucción perpetúa la impunidad y envía un mensaje de que las violaciones graves al derecho internacional pueden quedar sin consecuencias si son cometidas por un Estado con aliados poderosos.
La complicidad de la industria militar agrava esta quiebra del derecho internacional. Empresas que suministran armas a Israel, a sabiendas de su uso en ataques contra civiles, violan los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que exigen a las corporaciones respetar los derechos humanos en sus operaciones. Los gobiernos que permiten estas exportaciones incumplen su obligación de prevenir el genocidio, conforme al artículo I de la Convención de Genocidio, y de garantizar el respeto al derecho internacional humanitario. Esta complicidad no solo perpetúa el sufrimiento en Gaza, sino que también deslegitima el sistema internacional de derechos humanos, al priorizar intereses geopolíticos y económicos sobre la protección de la vida.
La aceptación del genocidio en Gaza también tendría implicaciones para la jurisdicción universal y la rendición de cuentas. Si los Estados no persiguen a los responsables de crímenes graves, como lo permite la jurisdicción universal, se debilitan los mecanismos de justicia internacional, permitiendo que actores estatales y no estatales actúen con impunidad en otros conflictos. Esto podría fomentar un aumento de violaciones similares en contextos globales, erosionando el principio de responsabilidad individual consagrado en el Estatuto de Roma de la CPI.
Conclusión: un llamado a la acción
La reunión en Bogotá ha encendido una chispa de dignidad en un escenario internacional muchas veces marcado por la hipocresía. El acuerdo del Grupo de La Haya representa un paso crucial hacia la justicia y la protección de los derechos humanos en Palestina, pero su éxito depende de la implementación efectiva y de la presión sobre los gobiernos y la industria militar que sostienen el genocidio en Gaza. La aceptación de estas atrocidades como una realidad tolerable constituye una quiebra irreparable del derecho internacional, socavando los principios de humanidad, justicia y responsabilidad que sustentan el orden global. Los Estados que permanecen neutrales o apoyan a Israel son cómplices de esta tragedia, y su inacción perpetúa el sufrimiento de la población palestina. El silencio no es neutralidad: es complicidad. La decisión de estos países de cortar el suministro de armas a Israel es un acto de coherencia moral, pero también un imperativo legal. En un mundo donde el derecho internacional muchas veces se dobla ante el poder, esta decisión es una afirmación clara: la vida humana, los derechos de los pueblos y la justicia no son negociables.