Por: Jimmy Viera Rivera
A dos años de finalizar este gobierno, el balance en materia de política afrocolombiana no demuestra avances significativos. Las deficientes cifras de ejecución, así lo comprueban. Poner la mirada crítica sobre los problemas a resolver, evita formar parte de la corte de halagadores que sin el mínimo rigor crítico, perpetúan los frustrantes errores de esta experiencia de un proyecto político progresista en el gobierno.
La ejecución de la política afro, como el resto de políticas, está atravesada por las dificultades del cumplimiento del programa de gobierno, no sólo por la férrea oposición de las derechas para que este programa se realice, pues, profundiza la crisis de su modelo neoliberal, sino por las dificultades al interior del mismo gobierno.
La primera falla en la ejecución de la política afrocolombiana radica en que, desde el inicio, desconoce líneas gruesas de la política afro, como si partiéramos de cero y, por lo tanto, cae en la repetición de diagnósticos sociales, para dar lugar al retraso en la ejecución, desaprovechando dos años de gobierno.
La política afrocolombiana cuenta con los soportes jurídicos, sociales y de gestión, que superan la etapa diagnóstica. Aunque existen suficientes elementos para poner en marcha y ejecutar programas y proyectos ya formulados que cuentan con recursos económicos, sin embargo, hoy continúan realizándose diagnósticos que durarán seis meses más.
En el país, existe un Plan Nacional de Etnodesarrollo construido desde el espacio autónomo de la Consultiva de alto nivel, y un Plan Nacional de Desarrollo con líneas presupuestales claras, aprobado para 19 proyectos en el Pacífico. Además, el Plan Regional del Pacífico, con solo un 5% de ejecución, está aprobado desde el año 2021. Como si fuera poco, hay cuatro planes departamentales de desarrollo, aprobados para el Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Todos estos incluyen un capítulo en materia de enfoque étnico indígena y afro, lo mismo que los planes de inversión.
Una segunda falla reside en que no existe entre las prioridades, un documento Conpes 2025 que garantice recursos, aunque ya se cuenta con los elementos suficientes para su formulación, el cual debe ser aprobado a más tardar en octubre del presente año. Afortunadamente, en Buenaventura, se está impulsando desde Planeación Nacional, un Plan de Choque para el cumplimiento de los acuerdos firmados (e incumplidos) tras el paro cívico del 2017.
Este no es el único balance crítico, ya que el informe con fecha 7 de agosto del 2024, del Centro de Estudios para la Justicia Racial, ILEX Acción Jurídica, ha expresado lo siguiente: “A la fecha existen políticas e indicadores con un porcentaje nulo o bajo. Por ejemplo, dentro del sector de igualdad se encuentran el capítulo étnico de la política pública nacional LGTBIQ+, en el sector educación está la reglamentación implementación del estatuto especial de profesionalización para docentes y directivos docentes en educadores y en inclusión social la indemnización de víctimas individuales con pertenencia negra, afrocolombiana, raizal y palenquera afectada por el conflicto”.
Adicionalmente, se encuentra una baja ejecución en las líneas trazadas en el decreto 1874 del 9 de septiembre de 2022, mediante el cual el presidente Gustavo Petro delega responsabilidades a la vicepresidenta Francia Márquez. Entre ellas, la misión de trabajar en beneficio de la construcción de igualdad y paz en los territorios del Pacífico. Una de estas responsabilidades, está encaminada al avance de las funciones asignadas al Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (Fonbuenaventura). Sin embargo, a junio del presente año, este Fondo no había ejecutado los doscientos veinte mil millones de pesos para la postulación de proyectos sociales. Esto mismo sucede con respecto al Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, destinado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de municipios y distritos de la Zona de Influencia. Este Fondo con un monto de cuatrocientos millones de dólares provenientes de un crédito internacional de hace 7 años, trasladado por el actual gobierno, desde la Unidad de Riesgos hasta el Ministerio de la Igualdad, no ha sido aún ejecutado. Por lo tanto, está en riesgo de convertirse en un crédito muerto, debido a la inseguridad jurídica de este Ministerio que, por consecuencia del fallo de la Corte Constitucional, tiene solo vigencia hasta el año 2026.
En este gobierno, se ha avanzado poco en materia de compromisos derivados del capítulo étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (ver informe de la IEANPE).
El manejo exclusivista de la gestión política gubernamental en manos de un sector del movimiento afrocolombiano, no ha permitido abrir espacios hacia una política amplia de todas las expresiones afro, ni recoger los más valiosos aportes críticos desde sectores democráticos del movimiento, hoy excluidos, comprometidos con las luchas sociales. En lugar de una amplia convocatoria con los sectores democráticos del movimiento afro, se han preferido alianzas con los sectores más retardatarios. A este paso ni somos ni seremos.
Otro de los vacíos en el desarrollo de la política, es la poca o inexistente interlocución del gobierno y la numerosa bancada afro en el Congreso, que cuenta con muchas expresiones regionales. Se ha desaprovechado esta bancada como un factor real de poder. La coordinación interinstitucional del gobierno para una política integral es igualmente débil. Existe un relativo avance en la diplomacia de los pueblos con África, falta hacerlo con mayor fuerza con los pueblos del Caribe. No se mira al Caribe nuestro ni al Caribe continental.
Con respecto a los avances, se observa la creación y coordinación interinstitucional de la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica para superar los efectos del racismo, discriminación racial y colonialismo en los pueblos étnicos del país. Sin embargo, esta Comisión es exclusivamente de carácter gubernamental y no cuenta con ninguna participación de los pueblos negros, raizales y palenqueros. Esta situación constituye un grave error, ya que la lucha ha sido librada desde la Conferencia de Durban del 2001, fundamentalmente por parte de los movimientos negros del mundo. El evidente conservadurismo político envuelto en razones jurídicas, cierra espacios a la participación popular en entidades mixtas que el gobierno dirige.
En cuanto a la misión de coordinación interinstitucional e intersectorial para avanzar en la reglamentación, desarrollo e implementación de la Ley 70 de 1993, se observa un avance en la reglamentación de los capítulos 4 y 5 de esta ley. No obstante, las entidades del gobierno han olvidado lo más importante, es decir, la perspectiva política de poder que el presidente Petro, el día de la expedición, anunció: “Estos decretos tienen que ver con el poder popular. Una democracia en movimiento para lograr esa conquista de la justicia y la paz, implica poder de la gente, implica poder popular, implica poder campesino, poder obrero, poder de la mujer, poder de las juventudes y claro que sí, implica un poder negro. Un black power”.
Debe reorientarse la política hacia una democracia en movimiento que debe extenderse por todo el país y, ante todo, por el Caribe, además de reconocer finalmente el Estatuto Raizal del pueblo de San Andrés y Providencia, estimular la lucha por las Entidades Territoriales Afros, adelantar una carta social para las poblaciones afrourbanas no contempladas en la Ley 70, incorporar indicadores poblacionales y sectoriales para el diseño de políticas públicas encaminadas a esta población, evitando otro genocidio estadístico, adelantar alianzas público-populares, abrir definitivamente las puertas, y democratizar la interlocución con todo el espectro organizativo afro. Esto se logra mediante el apoyo a un Segundo Congreso Negro, Palenquero y Raizal que fije posición autónoma del pueblo negro, acerca de los grandes temas que nos incumben como pueblo. Entre ellos, el etnocidio en nuestros territorios, la paz, el empleo, la salud, el etnodesarrollo, el desastre ambiental y una postura de soberanía política en defensa de la isla Gorgona y el proyecto injerencista militar extranjero sobre ella y sobre el Pacífico.
Democracia en movimiento para juntar las diversidades organizativas, significa activar el dormido poder constituyente en cada comunidad, en cada consejo comunitario, en cada pueblo, región y comuna, de manera directa con los diversos pueblos y sin mediación de las desgastadas consultivas que han envilecido su papel, convirtiéndose en comerciantes de la política pública, de igual modo que organizaciones que, obedeciendo a los enfoques impuestos por parte de la cooperación internacional, no permiten la creación del poder negro, una piedra angular de los cambios democráticos, y proceso a través del cual las organizaciones y movimientos deciden de manera autónoma sobre los asuntos públicos.
El poder negro es una creación colectiva de un pueblo, un producto social, que corresponde al espíritu de esta época, no es una creación del gobierno. Por lo tanto, el pueblo afrocolombiano necesita sumergirse en un proceso de transformación, motorizado por una asamblea nacional o CONGRESO PERMANENTE NEGRO, construido desde las asambleas departamentales y locales, para sentar las bases democráticas de la constitución de un nuevo orden político y social, de un verdadero Estado plurinacional, porque el existente y su modelo económico neoliberal, causan a nuestros pueblos, solo etnocidio, discriminación y muerte.
El Congreso Permanente Negro con una agenda clara que ayuda a ejecutar los planes de etnodesarrollo que, desde las veedurías populares, rebasa las políticas públicas del gobierno, que supera los simbolismos y lógicas institucionales, para adelantar una política unitaria sobre unos ejes sólidos y propuestas programáticas como pueblo autónomo, más allá de individuos o personas, un Congreso que se autoconvoca, autodetermina y orienta mediante un plan de lucha cuyos ejes y alcances marcan un nuevo decenio de transformaciones revolucionarias afrocolombianas.
Un importante paso en este pensamiento social de poder negro, fue su votación en favor de un nuevo proyecto de país, un voto negro que definió la victoria del actual gobierno y marcó un hecho muy claro y muy profundo que ha pasado desapercibido: el fracaso del régimen capitalista neoliberal y fracaso de los partidos de derecha que hoy buscan desesperados reconquistar la hegemonía política perdida.
Aún hace falta dar más pasos hacia esta construcción social y política, y solo el pueblo afro autoconvocado, desatando su inconmensurable voluntad de poder, puede darle salida a sus inmensas necesidades sociales, económicas, ambientales, políticas y culturales en cada región y localidad.
Desde lo más profundo de las espiritualidades de matriz africana, se reconstruyen también las identidades y las esperanzas rotas de las diásporas y se tejen los hilos sueltos de las historias de lucha contra el neocolonialismo, patriarcalismo, racismo y capitalismo del desastre ambiental. ¡El pueblo no se rinde carajo! es tiempo de reorientar la política afro, es tiempo de cumplir con nuestros pueblos y, de ejecución de los recursos, es tiempo de Poder Negro.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf
https://choco.micolombiadigital.gov.co/sites/choco/content/files/001244/62165_plan-de-desarrollo-departamental-vr13.pdf
https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/15386/plan-de-desarrollo-2024-2027-liderazgo-que-transforma/
