Por: Jimmy Viera Rivera
Llevar a cabo transformaciones en nuestra sociedad, mediante la senda de profundización de la democracia, requiere transparencia. El actual gobierno heredó de los gobiernos Santos y Duque, una licencia ambiental para instalar una base militar con incidencia norteamericana en nuestro país y, hasta el momento, no ha explicado cuál ha sido el pacto militar entre EE. UU. y Colombia, adelantado por parte de los gobiernos anteriores.
Aunque en su proyección geoestratégica, Estados Unidos ha inaugurado una nueva fase de caos controlado con fractura mundial. Sin embargo, en América Latina no ha reemplazado el concepto de hegemonía, ni de control de la Cuarta Flota sobre el Caribe y el Pacífico que, de acuerdo a recientes declaraciones de la General Laura Richardson, se vuelve de vital importancia para sus intereses. El proyecto militar de Isla Gorgona debe ser ubicado dentro de este marco hegemónico y, por lo tanto, la discusión debe focalizarse en este aspecto principal.
Los diversos radares de las Islas del Coco en Costa Rica, el radar de Panamá, el de las Islas Galápagos en Ecuador y el que pretenden instalar en Isla Gorgona, constituyen un largo corredor donde un escudo antimisil de EE. UU. será colocado. Este, junto a los metales geoestratégicos y recursos hidrobiológicos del andén de la zona denominada Chocó biogeográfico, constituyen la razón de fondo del pacto secreto binacional.
En este pacto secreto militar, radica la mayor parte de las obsecuencias, tropiezos y falta de voluntad política del gobierno actual, que implican desde el silencio hasta su incoherencia, pues, por un lado, el presidente Petro convoca a construir el Poder Negro, mientras, por el otro, los viceministros y funcionarios recortan la participación y cierran espacios democráticos, en los decretos y actos administrativos que expiden.
Empecemos tratando de entender las razones que hacen que un gobierno del Pacto Histórico juegue a la estrategia de la sumición, mediante la estrategia imperial de la fallida guerra contra las drogas, en detrimento de la paz de los pueblos negros. La sucesiva cadena de obstáculos gubernamentales, nos demuestra el desastroso manejo brindado al tema.
La Dirección de Licencias Ambientales y la Dirección de Parques Naturales negaron desde un principio el derecho a la consulta previa libre e informada, con el argumento que no había población afro en la isla ni a su alrededor. Luego, tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá a favor de los pobladores de Guapi Abajo, se formuló una petición de aclaración sobre la sentencia. Finalmente el gobierno reconoce el fallo, pero la viceministra Lilia Solano del Ministerio del Interior pretende limitar la consulta previa a un solo Consejo Comunitario y no acepta extender la consulta a los 25 consejos comunitarios y pueblos indígenas que también habitan en la zona de influencia, desconociendo que la puesta en marcha de un proyecto militar en la Isla Gorgona impactaría absolutamente el Pacífico y requiere ser consultado, especialmente, a los pueblos del litoral de Cauca y Nariño.
Contrario a la razón, se pretende arrancar a Isla Gorgona de su contexto natural, para convertirla en integrante de un escudo antimisil y, por qué no decirlo, en parte de la unión norteamericana.
En aras de los objetivos del pacto secreto binacional sobre el escudo antimisiles, se sacrifica la vida, la paz y el bienestar de los pueblos negros del Litoral Pacífico, causando graves afectaciones, ya que instalar allí una base, militariza la navegabilidad y la vida cotidiana, pone en riesgo la subsistencia de la pesca y expone a los pueblos a la guerra en caso de un conflicto bélico internacional del Comando Sur de EE. UU., que daría, seguramente, lugar a un desplazamiento similar al provocado por la acumulación, a través de la desposesión y despojo violento causado por parte del gran capital, en muchos sitios de los territorios ancestrales. Este proceso denominado etnocidio elimina la autoidentificación y pertenencia a una etnia, pulverizando los elementos identitarios que la configuran como un pueblo.
Mediante el proyecto acerca de la base militar que se pretende encubrir como un proyecto turístico, asistimos, no solo a un ecocidio, sino también a una profundización del etnocidio caracterizado en la declaración de San José de Costa Rica en 1981, que afirma lo siguiente: “Declaramos que el etnocidio, es decir el genocidio cultural, es un delito de derecho internacional al igual que el genocidio condenado por la Convención de las Naciones Unidas para la prevención y sanción del delito de genocidio desde 1948.”. Por lo anterior, cabe una demanda internacional contra el Estado colombiano.
El proyecto militar en Gorgona extendería en el andén del Pacifico la destrucción de los grupos étnicos y su cultura que ha sido causado ya por la guerra con irreparables daños al pueblo afro, a su tejido social, político y espiritual, a sus territorios, a sus representaciones y valores que construyen un lazo simbólico en las comunidades, ocasionando daños extremos e impactos psicosociales derivados del prolongado conflicto armado en sus territorios y por causa del arrasamiento de la acumulación de capital en nombre del desarrollo.
El objetivo violento de este accionar es de carácter colonial y racista, y busca desaparecer los elementos culturales que unen al pueblo del Pacífico, desaparecerlos o extinguirlos física y culturalmente. El etnocidio persigue la destrucción de las formas de vida propias de los pueblos étnicos, además de su desarticulación, para convertirlos en individuos desarraigados por el destierro y el despojo, expropiados por la desterritorialización, que sobreviven ya no como una etnia sino como individuos “serializados”, moléculas sueltas, para integrarlos en calidad de peones a la venta barata de mano de obra informal en las grandes ciudades.
Ni los grandes medios de comunicación, ni el gobierno nacional, han resaltado el contundente triunfo de la acción popular interpuesta por los pescadores de las islas de Providencia. Después de 300 días de paro contra la Armada Nacional, lograron, en febrero del 2024, que el Consejo de Estado fallara a su favor. Este fallo aleccionador sirve como un referente para ser considerado por los tercos funcionarios gubernamentales que pretenden imponer a rajatabla el proyecto militar en Isla Gorgona.
Si el gobierno no deroga la licencia ambiental, le corresponde a las diversas expresiones del Movimiento por Gorgona profundizar su lucha nacional, pero ante todo se requiere la movilización de los pueblos afectados directamente por este enclave militar en el corazón del Pacífico, impulsando la consulta previa de forma ampliada.
Los pronunciamientos de la bancada del Pacto Histórico y de las organizaciones nacionales afro e indígenas, son muy importantes en esta hora de la solidaridad con los pueblos afropacíficos y en defensa de Isla Gorgona.
No es hora de lamentos personales, ni del afropesimismo, sino, de convocar a todas las fuerzas vitales de la nación, a la resistencia de los pueblos étnicos, para encarar este reto y derogar en las calles la licencia ambiental y detener el proyecto etnocida.
Es hora de desplegar el poder constituyente del pueblo negro, para definir además de la suerte de Isla Gorgona y territorios del Pacífico, el Estatuto Raizal de San Andrés y Providencia, y también, la situación de las poblaciones afrourbanas y su precaria existencia.
El movimiento afrocolombiano cuenta con una agenda que rebasa las políticas públicas del gobierno de Petro y Francia Márquez, supera los simbolismos de tener una gran vicepresidenta afro, y traspasa las lógicas institucionales, para adelantar una política unitaria sobre unos ejes sólidos, además de una política democrática mediante propuestas programáticas, y un plan de lucha cuyos ejes y alcances trascienden el actual período de gobierno.
La Asamblea Nacional Constituyente del pueblo negro, afro, raizal y palenquero colombiano, es un proceso sociopolítico con vocación de construir y ejercer poder como pueblo, que supera la visión limitada de un grupo de presión o de interés que se plantea modificar solo políticas públicas o gozar del gobierno de turno para sacar beneficio personal o político de grupo.
Poder constituyente para adelantar un proceso de reparación histórica, debido al etnocidio contra el pueblo negro en la esclavización y durante más de 70 años de conflicto armado en territorios ancestrales, hechos victimizantes que siguen cometiéndose hasta hoy.
Con la vehemencia que se condena el genocidio en Palestina, se debe condenar la continuación del etnocidio en Colombia. Con la vehemencia que se defiende al gobierno nacional y las reformas sociales frente a los intentos golpistas de la derecha, se debe defender la paz y la vida del pueblo negro. Que ninguna negra o negro se quede callado frente al atropello contra Isla Gorgona y los pueblos del litoral pacífico.
No más guerra, paz para Gorgona y los territorios negros, planes de vida y de etnodesarrollo, empleo y educación, acueductos y vivienda digna, derecho al mar, conectividad y carreteras, no más racismo institucional ni violencia.
Poder constituyente negro para abordar la paz con justicia social en los territorios, ejercer veeduría ciudadana y ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo en las comunidades afrocolombianas.
Recordar a la desaparecida luchadora Piedad Córdoba quien advertía mediante una carta al presidente Petro sobre el peligro de este proyecto militar en Gorgona:
“El desarrollo de este proyecto injerencista, es un atropello contra un patrimonio natural invaluable para Colombia, no garantiza la paz con la naturaleza pregonada por la ministra del medio ambiente, ni es garantía para la estabilidad y desarrollo libre de nuestra atormentada población afro del pacífico, ni para la soberanía colombiana y su libre autodeterminación, este proyecto es un factor perturbador para la paz interna, regional de América Latina y del mundo”.
