Por: Karla Díaz
El 17 y 18 de junio de 2021 se firmó un acuerdo en Altamira para implementar la Zonificación Ambiental Participativa (ZAP) en cuatro municipios del Caquetá: Cartagena del Chairá, Puerto Rico, La Montañita y Solano, con el fin de resolver la situación de las comunidades campesinas que habitan áreas ambientales. Tras cuatro años de discusión, las organizaciones movilizadas presentan hoy una ZAP que regresó a la Reforma Rural Integral (RRI), un lugar del cual nunca debió salir.
La ZAP es un instrumento del punto 1 del Acuerdo Final de Paz que busca cerrar y estabilizar la frontera agrícola, es decir, detener la ocupación de áreas ambientales. El Acuerdo plantea que, para ello, se requiere proteger las áreas de especial interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan, alternativas equilibradas entre medio ambiente, bienestar y buen vivir.
Ahora, pese a que es un instrumento de la RRI, en el camino se perdió la discusión agraria, y pasó a entenderse como un instrumento de ordenamiento ambiental, centrado en definir áreas, usos permitidos y medidas de manejo. La discusión se redujo a modificar las tres categorías de la Zona de Reserva Forestal (A, B y C) y pasar a nueve categorías definidas a partir de valoraciones ecosistémicas.
Durante tres años, las comunidades organizadas en la Mesa Campesina de Caquetá y Sur del Meta insistieron en que las valoraciones ecosistémicas no detendrían la expansión de la frontera y que era necesario discutir las causas de fondo.
Dichas discusiones llevaron a la configuración de una propuesta particular. El MADS logró la financiación de las cuatro ZAP, gracias a recursos de cooperación internacional recibidos por el Fondo Colombia Sostenible. Luego, estos recursos fueron administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y posteriormente, operados por el Instituto Alexander von Humboldt como supervisor general del proyecto, quien, a su vez, suscribió convenios con dos organizaciones para desarrollar el componente técnico y dos organizaciones que desarrollaron el componente social.
Dada la puja por esta apuesta y su origen en un proceso de movilización, el Humboldt discutió con la Mesa Campesina los términos de referencia, entre los que se estipuló que quienes desarrollaran la ZAP debían presentar la propuesta junto a organizaciones sociales del Caquetá y Sur del Meta. Así, la Asociación de Juntas de Acción Comunal presentó su propuesta técnica junto a Amazon Conservation Team, y la Coordinadora de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC) presentó la propuesta para desarrollar el componente social junto a la Fundación Tropenbos Colombia.
Dividir los componentes técnico y social fue el primer error que cometió este proceso, debido a la imposición de los criterios administrativos del BID sobre lo sustancial, revelando un sesgo que entiende lo participativo como circunstancial y subordinado a lo “técnico”, desconociendo quiénes son los verdaderos expertos.
La discusión siguiente era metodológica: si no era con valoraciones ecosistémicas ¿cuál sería el camino? El equipo técnico de la Mesa Campesina de Caquetá y Sur del Meta propuso una metodología que partía de desagregar qué implica cerrar la frontera agrícola, estabilizarla y proteger las áreas de especial interés ambiental, los tres componentes del punto 1.1.10. Para ello, generó una batería de medidas que permitirían responder a estos objetivos, entre los que se identificó como crucial: aportar información para comprender el mercado informal de tierras en la zona, caracterizar las dinámicas temporales de expansión de la frontera agropecuaria e identificar las causas de la ampliación de la frontera en estos municipios.
Atender estas medidas implicaba construir una apuesta metodológica distinta a los lineamientos del Plan de Zonificación Ambiental diseñado por el Ministerio. Se construyó así una estrategia de trabajo donde lo ambiental es solo uno de cuatro componentes, además de la discusión productiva, social y de derechos territoriales.
El componente productivo buscó comprender por qué la dinámica ganadera predomina y qué limita el desarrollo de otras economías; el componente social se propuso discernir cuáles son las condiciones de vulnerabilidad de la población rural que hacen posible que se adentren cada vez más en la selva. El componente de tierras investigó cómo opera el mercado informal, el nivel de irregularidad en la tenencia y las dinámicas sociales y temporales asociadas a la ocupación de áreas ambientales. Finalmente, el componente ambiental buscó reconocer las áreas ambientalmente significativas para las comunidades y las medidas de gobernanza para cuidarlas.
Estos cuatro componentes brindan una mirada integral que permite atender las raíces de los fenómenos que hacen que la deforestación avance hacia los Parques Nacionales Naturales. Esta mirada integral permitió identificar tres razones que empujan la frontera: primero, los modelos productivos sostenibles no han demostrado ser una alternativa económica confiable para las familias. Segundo, las condiciones de vulnerabilidad hacen que muchas familias campesinas estén dispuestas a migrar a los bordes de la frontera. Tercero, el Estado no diferencia los actores que viven en estas áreas, no distingue al jornalero, del mayordomo y del patrón, por lo que diseña políticas que terminan beneficiando principalmente a quienes tienen mayor acceso a los programas.
Frente a estas razones y a las dimensiones de la zonificación, las comunidades campesinas plantearon sus opciones. Cada municipio propuso alternativas en materia de tierras: bien sea avanzar con la regularización de la ocupación, priorizar procesos de formalización y/o avanzar en las solicitudes de sustracción con fines de reforma agraria. Para el componente ambiental y productivo, las familias campesinas propusieron modelos de reconversión productiva con garantías para la comercialización, la producción de alimentos, el fortalecimiento de la economía campesina y la ampliación de modelos de incentivos a la conservación. En materia social, las comunidades plantearon la centralidad de las vías terciarias para hacer viable cualquier propuesta de reconversión productiva y de fortalecimiento de la producción de alimentos, así como las garantías de acceso a educación y salud de las familias rurales.
Así las cosas, cerrar y estabilizar la frontera no es cuestión de mover la línea de la frontera o definir nuevas categorías de uso, sino de definir acciones integrales del Estado que permitan atender las causas de su expansión. La ZAP del Acuerdo de Altamira se propuso devolverla a la Reforma Rural Integral para atender las causas profundas que empujan la frontera agrícola.
Finalmente, creemos que esta es una propuesta que puede ser replicada en las zonificaciones ambientales que se vienen para el Caquetá, Meta y Guavire, pues estabilizar y cerrar la frontera depende de la capacidad del Estado para atender las causas de su expansión y la ZAP tiene el potencial de definir una hoja de ruta que lleve a este fin.
