Por: Mauricio Chamorro Rosero
El próximo 31 de mayo, Colombia acudirá a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Aunque hay catorce candidaturas inscritas, diversos medios han señalado que la disputa real podría concentrarse entre tres: Iván Cepeda, Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia. En medio de esta competencia política, resulta inevitable preguntarse qué lugar ocupa el campo colombiano dentro de las propuestas presidenciales.
La respuesta, tras revisar los programas consignados hasta la fecha en las páginas oficiales de los candidatos, es preocupante. A pesar de que el campo colombiano ha sido uno de los escenarios más afectados por las desigualdades históricas, la pobreza rural y el conflicto armado, dos de los tres aspirantes con mayores posibilidades electorales apenas desarrollan propuestas sobre el sector agrario. Esta escasa atención no solo sorprende, sino que revela una inquietante falta de prioridad política frente a uno de los problemas estructurales del país.
El caso de Abelardo De la Espriella es ilustrativo. Sus propuestas agrarias se reducen, en la práctica, a la introducción de inteligencia artificial en la producción agrícola. Si bien la tecnología puede aportar herramientas útiles para mejorar la eficiencia, presentar este elemento como el eje de una política agraria resulta desconectado de la complejidad de los desafíos rurales. A ello se suma su apoyo al fracking, una postura que puede interpretarse como un retroceso en materia de justicia ambiental, especialmente en territorios donde la tensión entre desarrollo económico y sostenibilidad sigue siendo crítica.
La situación no es muy distinta en el caso de Paloma Valencia. Sus planteamientos para el campo se concentran en un “gran plan vial campesino”, enfocado en la pavimentación de vías terciarias. La infraestructura es, sin duda, una necesidad urgente para muchas comunidades rurales, particularmente para facilitar la comercialización de sus productos. Sin embargo, reducir la política agraria a la construcción de carreteras implica ignorar problemas estructurales más profundos, como la distribución de la tierra, el fortalecimiento institucional y las condiciones de producción campesina.
Frente a este panorama, Iván Cepeda es el único de los tres candidatos que dedica una parte significativa de su programa al sector rural, a través de lo que denomina una “revolución agraria para Colombia”. Entre sus propuestas se incluyen el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la redistribución, restitución y recuperación de tierras, el fortalecimiento de la institucionalidad agraria, la creación de circuitos de comercio justo, la reactivación de cadenas productivas estratégicas y el desarrollo de un programa nacional de pesca y piscicultura.
Más allá de la cantidad de propuestas, lo que distingue esta agenda es su carácter estructural. A diferencia de los otros candidatos, que plantean soluciones puntuales o sectoriales, el enfoque de Cepeda aborda problemas históricos del desarrollo rural colombiano: la concentración de la tierra, la debilidad institucional y la precariedad de las condiciones productivas del campesinado.
La diferencia en la profundidad programática es evidente. Mientras un candidato presenta una agenda estructurada para el campo, los otros ofrecen iniciativas fragmentarias que difícilmente pueden considerarse el núcleo de una política agraria integral. Más que propuestas robustas, lo que se observa son ideas aisladas que parecen desatender la dimensión histórica del problema rural en Colombia.
En este contexto, la falta de propuestas sólidas para el campo no es simplemente una debilidad programática, sino el síntoma de una vieja tendencia de la política colombiana: relegar lo rural a un segundo plano. Ignorar el problema agrario no lo hace desaparecer; por el contrario, contribuye a perpetuar las desigualdades que han alimentado el conflicto y la exclusión durante décadas.
El debate electoral debería ser una oportunidad para discutir seriamente el futuro del campo colombiano. Si el agro continúa ocupando un lugar marginal en algunas agendas políticas, el país corre el riesgo de reproducir las mismas desigualdades que han marcado su historia rural.
