Por: Laura Espinosa Macías
Estaca por estaca, el gobierno está armando el cerco para controlar y reprimir la respuesta de la sociedad ante las consecuencias del proyecto antidemocrático que lidera.
En sus discursos de campaña y luego, como presidente, Abelardo de la Espriella amenazó constantemente con “lo duro que muerde el Tigre” a quienes se atrevieran a manifestarse contra la restauración. Aunque todavía no se ha concretado, anunció el regreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-, que fue reemplazado por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden -UNDMO. Esto significa abandonar una de las apuestas centrales de la reforma que consistía en sustituir, de manera progresiva, la intervención por medio de la confrontación y represión de las manifestaciones por mecanismos de intervención fundamentados en el diálogo y la mediación.
Luego, el ministro del interior anunció la preparación de la iniciativa legislativa del Estatuto Antiterrorista, cuyas bases presentó esta semana. Allí, propone crear un régimen especial para las organizaciones que sean declaradas terroristas, con herramientas diferenciadas de inteligencia, justicia y persecución penal, entre otras medidas.
En Colombia, la etiqueta “terrorista” ha sido adoptada en el marco de la llamada “lucha contra el terrorismo” y la “lucha contra las drogas” en las que evolucionó la vieja doctrina anticomunista de Seguridad Nacional, que trajo décadas de estigmatización y criminalización de la protesta social, el movimiento popular y la izquierda política bajo la lógica del enemigo interno. Hoy, el neofascismo apuesta por la reedición de la doctrina del enemigo interno hacia un espectro mucho más amplio: todo aquello que en cualquier sentido disienta de los valores conservadores y fundamentalistas promovidos por la Patria Milagro. Por eso, preocupa lo que se entiende como terrorismo en el ámbito político, social y, por supuesto, legal.
Este asunto es de especial cuidado, mucho más si se trata de elevarlo a nivel estatutario. Nunca viene mal recordar que el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay, vigente entre 1978 y 1982, impuso un estado de sitio que conllevó graves violaciones a los derechos civiles y libertades en el país. La Comisión de la Verdad registró 3.752 personas detenidas por orden del Consejo de Ministros, 264 personas detenidas, y 1.340 hechos de tortura.
¿Qué podemos esperar de una iniciativa semejante en la era digital? ¿Cuáles son las consecuencias de convertir en ley estatutaria atribuciones de inteligencia y perfilamiento? ¿Qué actores nacionales y extranjeros van a ejercer estas tareas y en qué campos? ¿Qué garantías habrá para la ciudadanía que disiente del proyecto de la Patria Milagro?
Por otro lado, a finales de agosto, el Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsables a una organización comunitaria y a su expresidenta por los perjuicios ocasionados a Ecopetrol durante los bloqueos ocurridos en 2017 y reconoció el derecho de la empresa a ser indemnizada. La decisión deja vulnerables patrimonialmente a las organizaciones y líderes sociales y desestimula la convocatoria a ciertas actividades de manifestación pública, dejando como consecuencia una restricción indirecta al ejercicio del derecho fundamental a la movilización y la protesta social.
La estaca más reciente del cerco la reveló ADLE esta semana con la amenaza de que la Policía podrá ingresar a los campus universitarios gracias a un protocolo nacional en el que se determinará cuándo hacerlo frente a situaciones que el gobierno considere de violencia, vandalismo, terrorismo o alteraciones extraordinarias del orden público.
Valdría la pena que alguien le recuerde al presidente -de ser posible que este lo comprenda- que la autonomía universitaria no es un asunto administrativo ni una prebenda de las instituciones de educación superior. Es un principio democrático. El artículo 69 de la Constitución y la Ley 30 de 1992 la reconocieron como una garantía para que las universidades puedan desarrollar su misión sin quedar sometidas a las interferencias del poder político o económico. Incluso, la Corte Constitucional ha dicho que esa autonomía comprende la libertad académica, administrativa y económica y que, como regla general, existe una libertad de acción de los centros educativos superiores, mientras que las restricciones deben ser excepcionales.
La autonomía permite que la universidad sea un lugar donde se pueda producir el bien común del conocimiento y formar pensamiento crítico. Por eso, históricamente, la universidad pública ha sido mucho más que el sitio de formación profesional: ha sido el lugar desde el cual la sociedad puede pensarse a sí misma, la universidad democratiza el conocimiento y el derecho a la educación, aunque no todavía en los niveles que necesita nuestro país.
Su papel en la vida nacional ha hecho de la universidad una protagonista de la deliberación pública, de las luchas sociales y de la apertura democrática., por eso, ha sufrido las consecuencias de la violencia estatal. La comunidad universitaria ha sido víctima de asesinatos, desapariciones, amenazas, torturas y detenciones. Precisamente, la Comisión de la Verdad documentó cómo agentes estatales y grupos paramilitares persiguieron violentamente a estudiantes y docentes bajo la lógica del “enemigo interno”, y lo sintetiza planteando que pese a las violencias sufridas, las universidades han sido permanentes escenarios de luchas y resistencias por la ampliación de derechos, la paz y la democracia. Al respecto, recomiendo el artículo de la profesora Carolina Jiménez para esta revista: “El asedio del presidente De la Espriella a las universidades públicas de Colombia”.
El gobierno está impulsando una contrarreforma social: reducir el papel redistributivo del Estado, contraer el gasto social, desmontar políticas y derechos construidos durante años y presentar la austeridad y la autoridad como respuesta a problemas cuya raíz está en la desigualdad y la exclusión. A su vez, cierra espacios de diálogo y, con el paso a la política de Guerra Total, abandona la implementación del Acuerdo de Paz que contenía una Ley Estatutaria de Participación Ciudadana y Garantías para la Protesta Social; esta, bien podría ser la herramienta para conducir los conflictos sociales por otras rutas y llegar a otros resultados.
Pero parece que al gobierno lo que le interesa es atizar estos conflictos y divisiones, como si fueran el combustible “extra” de su proyecto restaurador: tensar la cuerda hasta el límite, de manera que al reventarse quede plenamente justificado el camino de la imposición violenta de la autoridad y el estado de excepción.
El cerco puede contener una protesta, pero no eliminará las causas que la producen. Y cuando esas causas se acumulen por las decisiones políticas y económicas regresivas la bomba social incrementará la presión. En ese caso y, dependiendo de las condiciones, el cerco puede terminar convirtiéndose en un detonante.
El Gobierno está preparando herramientas para contener el estallido, porque sabe que está construyendo las condiciones para producirlo.
