Por: Mauricio Jaramillo
No se entiende una política exterior sin rendición de cuentas. Mueren décadas de tradición de defensa del derecho internacional en nombre de un gobierno desconectado del derecho y enemigo del sistema de Naciones Unidas. A un mes de gobierno, y tras anuncios categóricos, improvisados e injustificados como el restablecimiento de relaciones con Israel, no ha aparecido una sola entrevista para explicar o justificar una decisión que apunta a normalizar el genocidio en contra de los palestinos. Repitámoslo hasta la saciedad, la normalización de relaciones con Tel Aviv (capital de Israel, no Jerusalén) es ilegal a la luz del derecho, la Convención de Delito y Sanción del Genocidio de 1948 inspirada en los horrendos hechos que llevaron al cruel asesinato de 6 millones de judíos.
Se anunció en un comunicado mal redactado, escueto y repleto de contradicciones que Colombia reconocía la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, desconociendo un consenso internacional además de referentes jurídicos reconocidos a escala global. Se sigue maltratando a la misión diplomática palestina en Bogotá y Colombia no solo se alinea con EEUU e Israel, les cede el control de su política exterior. No cabe duda de que estas decisiones no se han tomado ni en Colombia, ni atendiendo nuestros intereses. Con justificada razón muchos nos preguntamos si acaso los países árabes no tomarán distancia y se perderán avances logrados en inversiones, comercio, paz y cooperación con los Estados del Golfo y del Norte de África. Cuando el Brasil de Bolsonaro anunció el traslado de su sede diplomática a Jerusalén lo tuvo que reconsiderar ante al anunció de boicoteo a las exportaciones de carnes (primer productor mundial de Halal) por parte de los árabes. Milei tampoco pudo.
Extraña también el silencio de los medios de comunicación, peor ahora con una política abierta de censura (como toda campaña en ese sentido termina en autocensura). ¿Es que nadie se atreve a desafiar al gobierno para que, al menos rinda cuentas, vaya a medios de comunicación a controvertir? Es lo mínimo, no es cuestión de haber supuestamente ganado las elecciones, sino un principio democrático básico, la deliberación.
Normalizar el genocidio en Palestina no es sólo imperdonable, sino incompatible con la tradición latinoamericana de apego al derecho. Las decisiones que, hasta ahora no se han concretado en actos administrativos, son rechazables e indignantes, pero lo más grave es que de hacerse realidad algunas podrían ser irreversibles y de costos altísimos. ¿Cómo nos van a explicar que cierran embajadas por reducir el déficit, pero abrirán sede en Jerusalén con gastos que aún no han revelado? ¿Así como Uribe no dio la cara por los cientos de miles de iraquíes asesinados por la guerra que apoyó en 2003, asumirán estos dirigentes su apoyo a la exterminación del pueblo palestino?
Ni perdón ni olvido, jamás borraremos de la historia haber patrocinado el crimen con más agravantes de la postguerra.
