Por: Aiden Salgado Cassiani
Profesor, líder palenquero y activista.
Miembro del CONAFRO, del CEUNA y CENPAZ.
El día 12 de enero del presente año ocurrió una avalancha en la vía que de Antioquia conduce al departamento del Chocó, a la altura del municipio del Carmen de Atrato. Como resultado dejó hasta hoy 39 muertos. No hay otra forma de llamar lo sucedido que como una matanza más en las vías hacia Chocó; una que cada año parece repetirse, sea en esta misma vía o en la que de Risaralda conduce al mismo. Los comunes denominadores de esos “desastres de la naturaleza” tienen como punto de partida o de llegada el departamento.
¿Por qué llamo matanza lo sucedido? Porque estos hechos tienen responsables propios: el Estado como máxima autoridad encargada de garantizar la vida de todos los ciudadanos. Como los habitantes de este departamento hacen parte de comunidades étnicas, esa garantía de la vida se convierte en relativa. Esto lo podemos decir por la cantidad de derechos básicos insatisfechos en el caso de los habitantes de este departamento; derechos que son conexos con la vida, como el derecho a un buen servicio de salud, agua potable, vivienda, empleo. Estos son limitados para los habitantes, reducido a su más mínima expresión en comparación a otros donde se concentra el poder blanco-mestizo.
Como se había mencionado anteriormente, la responsabilidad directa en el siniestro recae sobre el Estado colombiano, que debe garantizar vías en buen estado entre las capitales de los departamentos, y no las trochas que hoy tenemos por falta de voluntad política, la cual está atada al racismo estructural de las élites criollas que han gobernado el país. No se justifica que las dos rutas terrestres que conducen a Quibdó, capital del departamento, no estén finalizadas en pleno siglo XXI. Esto no tiene otro nombre que exclusión, discriminación y racismo hacia la población indígena y afrocolombiana que en más del 90 % es la que habita esta parte del Pacífico colombiano.
Recordemos que el día 4 de diciembre del año 2022 en la vía que conduce de Risaralda a Chocó, un deslizamiento de tierra arrastró un bus de Expreso Arauca, un vehículo particular y una motocicleta. El accidente del bus, que venía de Cali a Condoto, municipio del departamento del Chocó, dejó 34 personas muertas y enlutó los hogares de estas familiares. Igual que en aquel momento, hoy las vías hacia el Chocó son noticia.
Lo que sucedió en la trocha de la muerte, como popularmente se conoce la vía donde ocurrió el siniestro del 12 de enero, se ha naturalizado: a diario allí se presentan accidentes, derrumbes, taponamientos, movilidad del pedimento y otros problemas que algunos tratan de atribuirle a la naturaleza. Eso es falso. Las tragedias en esta vía ocurren por falta de inversión real que permita crear una infraestructura segura y moderna con buenos puentes, elevadores, túneles y otras estrategias de construcción que sí se adelantan en otras carreteras del país.
Conozco muy bien la vía que conecta a Risaralda con el Chocó. Por cuestiones familiares, permanentemente la transito. Durante más de 18 años he observado su construcción, pero es indignante que esta solo tenga buen trabajo e infraestructura hasta Pueblo Rico, Risaralda, la última cabecera municipal que limita con el Chocó.
Curiosamente, en Pueblo Rico la mayoría de la población no es indígena ni afro, pero al salir de este poblado, a escasos 10 minutos en carro, y llegar a Santa Cecilia, una zona que es habitada en su gran mayoría por estas comunidades, se evidencia que la carretera continúa en construcción y que hay pedazos de trochas sin pavimento. Esto propicia derrumbes y deslizamientos diarios, y que los transeúntes tengan que pernoctar en el camino. Surge la pregunta de por qué hasta Pueblo Rico está en buen estado la ruta, pero no de allí a la cabecera del corregimiento de Santa Cecilia, donde comienza el calvario vial.
Ahora bien, este atraso de infraestructura interdepartamental es más grave entre los mismos municipios y comunidades del departamento, donde existen pocas vías tanto terrestres como fluviales. Esta realidad contribuye a un atraso económico por falta de fluidez en el transporte de los productos del departamento, lo que dificulta la exportación e importación de artículos y materiales para su comercialización.
Ante este panorama vial del departamento del Chocó, y debido al último accidente en el municipio del Carmen de Atrato, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez anunciaron una inversión prioritaria y urgente de 500 mil millones de pesos, con la meta de finalizar este año la carretera en su totalidad, desde Medellín a Chocó. Esperamos que esta promesa se cumpla, incluso no solo esa ruta, sino también la vía de Risaralda. Que este sea el inicio de grandes inversiones en el departamento del Chocó para que realmente el Estado cumpla con la misión de garantizar la vida y honra de todos los ciudadanos, incluyendo los grupos étnicos que habitan el Pacífico colombiano, quienes han sufrido más de un siglo de retraso frente a otras zonas del país, como la del centro de Colombia.
Desde el Palenque, un cimarrón.
