Por: Jaime Gómez Alcaraz
Civilización, soberanía y la gramática del poder
El discurso de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero del año en curso puede leerse como una intervención programática que intenta reorganizar el sentido común estratégico de “Occidente”. En el plano descriptivo, Rubio afirma una unidad transatlántica fundada menos en instituciones y más en una identidad civilizatoria de raíz cristiana, histórica y cultural; denuncia la confianza pos-Guerra Fría en un mundo sin fronteras; y atribuye vulnerabilidades actuales a decisiones políticas como la desindustrialización, la dependencia de cadenas de suministro y lo que presenta como “excesos” regulatorios en materia climática. En el plano normativo, sugiere que la eficacia, medida como resultados concretos, debe prevalecer sobre el multilateralismo cuando este no produce efectos; y que el uso de la fuerza, en determinadas circunstancias, habría sido más “realista” que la diplomacia basada en reglas. Esa arquitectura retórica no es neutral: construye jerarquías morales, designa amenazas, y redefine qué vidas son protegidas prioritariamente por el derecho y cuáles quedan expuestas a la intemperie del poder.
La clave crítica está en advertir el desplazamiento conceptual que propone: del “orden internacional basado en normas” hacia un realismo civilizatorio donde la identidad, la seguridad y la economía se fusionan en una sola razón de Estado ampliada. Este giro, por sí solo, no prueba ilegalidades; pero sí altera los incentivos para cumplir obligaciones jurídicas internacionales y, sobre todo, erosiona el imaginario que sostiene la igualdad soberana de los Estados y la universalidad de los derechos humanos. La intervención de Rubio se muestra como una herramienta de dominación imperialista maquillada de diplomacia, insistiendo en que el barniz de “civilización occidental” opera como dispositivo para reforzar subordinaciones contemporáneas. En un mundo ya atravesado por desigualdades se tiende a consolidar lo que la teoría crítica llamaría una “normalidad asimétrica”: la ley para unos, la excepción para otros.
La visión de Rubio es retrógrada y conservadora
La dimensión retrógrada y conservadora del discurso no reside únicamente en su tono identitario, sino en tres operaciones intelectuales que lo vuelven profundamente conservador en el sentido político del término: conserva jerarquías, naturaliza desigualdades y restringe el horizonte de lo posible.
Primero, Rubio presenta a “Occidente” como si fuera una realidad única, con una esencia espiritual y ancestral. Al hacerlo, construye un “nosotros” cultural que marca quién pertenece y, en consecuencia, quién merece reconocimiento. Esa visión es conservadora porque cambia el punto de partida de la legitimidad. En lugar de apoyarse en principios que valen para todos como la dignidad humana, la igualdad ante la ley o la autodeterminación, la traslada a rasgos identitarios: el linaje, la fe, la herencia cultural. En el fondo, es un intento por fortalecer una forma colonial de entender el mundo: la idea de civilizaciones jerarquizadas. Bajo esa lógica, existen centros que se consideran portadores de “alta cultura” y periferias que deben adaptarse, integrarse o ser tratadas como un problema a gestionar.
Segundo, reencuadra la migración como amenaza existencial. Rubio insiste en que el control fronterizo no sería xenofobia, sino ejercicio de la soberanía. Esa distinción, en abstracto, es un engaño: los Estados efectivamente administran fronteras y tienen competencias para regular entradas. El problema aparece cuando el lenguaje de “supervivencia civilizatoria” convierte fenómenos humanos complejos como la movilidad forzada, la desigualdad global, la violencia o la crisis climática, en un enemigo cultural. En términos de derechos humanos, ese marco erosiona el principio de no discriminación y banaliza obligaciones como el derecho de asilo, la protección contra devoluciones (non-refoulement) y el debido proceso. Además, desplaza la causalidad: la migración deja de ser síntoma de un orden mundial desigual, en parte producido por intervenciones, extractivismos y arquitecturas financieras que benefician al Norte global, para ser presentada como amenaza exógena. De esta manera, se protege el statu quo de privilegio: se controla el movimiento de los pobres, no el movimiento del capital.
Tercero, convierte el multilateralismo en una formalidad vacía. Rubio critica a instituciones como la ONU por su ineficacia y sostiene que el liderazgo de Estados Unidos ha sido más útil que las “resoluciones enérgicamente formuladas”. Sin embargo, no propone fortalecer la legalidad mediante reformas. Propone reemplazarla por la eficacia coercitiva y el liderazgo unilateral. Esa posición supone un retroceso. Revive la idea de que la fuerza decide y el derecho solo acompaña. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la Carta de la ONU surgieron, precisamente, para limitar esa lógica después de grandes catástrofes históricas. Sustituir ese marco por una ética basada en resultados implica volver a justificar la guerra “necesaria” con argumentos conocidos: la urgencia, la excepcionalidad, el supuesto destino civilizatorio.
Peligros y consecuencias para el multilateralismo, y para la paz mundial
Si la visión de Rubio se aplicara de forma coherente, el multilateralismo no se reformaría, sino que quedaría como un recurso secundario, útil solo cuando coincida con prioridades de poder. El primer riesgo es institucional: deslegitimar foros como la ONU puede convertirse en una profecía autocumplida. Se reduce el compromiso político y diplomático, el sistema se debilita y luego esa debilidad se presenta como prueba de su inutilidad. El resultado sería un giro hacia acuerdos bilaterales asimétricos, donde los Estados pequeños pierden la protección de reglas comunes y enfrentan condiciones más duras en comercio, seguridad, migración o recursos estratégicos. En un mundo desigual, la igualdad soberana quedaría en lo formal.
El segundo riesgo es jurídico. Priorizar “resultados” y presentar el uso de la fuerza como modelo exitoso impulsa la acción unilateral y erosiona los marcos legales. Aunque se invoquen justificaciones como la legítima defensa, el incentivo sería evitar controles multilaterales, debilitando la prohibición del uso de la fuerza salvo excepciones estrictas. Para la paz mundial, esto implica más conflictos, menos rendición de cuentas y mayor exposición de la población civil, mientras el DHI pasa de ser un límite normativo a verse como un trámite incómodo.
El tercer riesgo es geopolítico y ético. Convertir la seguridad en una fortaleza civilizatoria empuja al mundo hacia bloques identitarios. Cuando la identidad define alianzas, se reduce la cooperación en asuntos como clima, pandemias, tecnología, deuda o migraciones, porque los problemas comunes se transforman en pruebas de lealtad. Rubio critica las políticas climáticas por empobrecer a Occidente, pero omite que la crisis afecta primero a quienes menos contribuyeron a causarla. Si el Norte global redefine su interés nacional para eludir compromisos o trasladar costos, el Sur asume las consecuencias en vidas, desplazamientos y colapso productivo. La paz resultante sería estable en el centro e incendiaria y violenta en la periferia.
Finalmente, hay efectos concretos para regiones como América Latina. La presión para alinearse, el uso de la migración como ficha de negociación y la disputa por minerales críticos bajo la etiqueta de seguridad nacional pueden intensificar el extractivismo, agravar conflictos socioambientales y vaciar de contenido la autodeterminación. El multilateralismo, con todas sus limitaciones, ha sido una arena donde Estados periféricos articulan coaliciones, litigan y nombran injusticias. Reducirlo a simple “burocracia” equivale a retirar una de las pocas herramientas disponibles frente al peso de las potencias.
En suma, el discurso de Rubio es conservador porque desplaza la fuente de la legitimidad: deja de basarse en derechos y pasa a apoyarse en la identidad; abandona lo universal y privilegia la pertenencia; sustituye las reglas por la eficacia. Su implementación amenaza el multilateralismo al convertirlo en accesorio, y amenaza la paz mundial al reinstalar una política de bloques y excepciones donde la desigualdad global no se corrige, se administra con fronteras, con coerción y con una narrativa de destino civilizatorio que suele olvidar, con notable comodidad, las consecuencias previsiblemente más duras para quienes ya negocian desde la vulnerabilidad y que la dignidad humana no tiene pasaporte.
