Por: Jimmy Viera Rivera
El derecho de consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos afros e indígenas para ser consultados antes de la adopción de medidas legislativas o proyectos de carácter nacional o regional que puedan afectar sus derechos colectivos, su cultura y sus territorios. Este proceso busca asegurar que su participación sea anticipada, libre e informada, garantizando el consentimiento y salvaguardando su integridad social, cultural y económica.
Uno de los espacios que existe en el país para adelantar estos procesos es el Espacio Nacional de Consulta Previa (ENCP). Precisamente, junto a este espacio, el Gobierno Nacional viene adelantando la aprobación del decreto para la reglamentación de la ley 70 de comunidades negras de 1993, la cual reconoce a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras como un grupo étnico con derechos específicos, destacando el derecho a la propiedad colectiva, entre otros.
Actualmente en la mesa de discusión para la aprobación del decreto están sentados el Ministerio del Interior, como cabeza del gobierno, y por el lado del pueblo afro, los líderes que tienen asiento en el ENCP. Uno de los puntos más importantes del decreto que presentó el Gobierno Nacional fue que se incluyó, en el Plan Nacional de Desarrollo, la suma de $12.291.041.406 para efectos de una ruta metodológica de consulta previa para la reglamentación de la ley 70, que apunta hacia un enfoque progresista.
A pesar de la importancia de la aprobación del decreto, que aún es un borrador, la concertación no avanza pues los interlocutores por parte del pueblo afro en el ENCP han presentado una propuesta exorbitante que busca más sacar provecho económico de los procesos de consulta previa y de los apretados tiempos institucionales que le quedan al gobierno del cambio.
Los/as delegados/as al Espacio Nacional de Consulta Previa, presentaron una contrapropuesta para el desarrollo de la Ruta Metodológica, entregada al Ministerio del Interior, sin justificación alguna, ni soporte técnico, tiene un valor de $ 29.865.000.000,00,
El Ministerio del Interior a través del viceministro Gabriel Rondón Olave acertadamente le responde al señor Martín Caicedo Carabalí, en oficio del 26 de noviembre, ante la propuesta presentada por el ENCP:
“ Existe una diferencia en valor del 242%. Siendo la propuesta del ENCP en extremo superior a lo acordado y protocolizado en consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo y propuesto por el Gobierno Nacional.
- La ruta propuesta por el ENCP no contempla las actividades 1 y 2 que desarrollan la propuesta del Gobierno Nacional referentes a la etapa de preconsulta por un total de $2.225.587.624; lo que, habiendo sido invertido a la fecha, deberá sumarse a lo presentado por el Espacio, arrojando un valor total no de $29.865.000.000,00 sino de $32.090.587.624.
- La propuesta no plantea costos unitarios ni detallados, por lo que no es posible hacer una ponderación ajustada a costos del mercado”.
La propuesta del Espacio Nacional de Consulta Previa, bloquea la posibilidad de diálogo y concertación, pues pone un imposible económico sobre la mesa para que la consulta no se realice. Se quiere someter al gobierno a un retén económico, pues, no aprueban la reglamentación de la ley 70, sino se les da esos cuantiosos recursos económicos.
La consulta previa libre e informada ha pasado de ser una herramienta de la protección y realización de derechos de los pueblos étnicos, a convertirse en un mecanismo de presión económica por parte de una elite afro que dice representar al pueblo afrocolombiano, desvirtuando la naturaleza de dicha consulta. La propuesta del ENCP va en contra de los intereses colectivos y debería ser objeto de debate en un Consejo de ministros, ante el pueblo afrocolombiano y el país.
La consultiva de alto nivel, como el Espacio Nacional de Consulta Previa de los afros, hoy son escenarios apetecidos por la elite afro, pues, dejan mejores dividendos económicos que ser congresista o funcionario público. Esta práctica reproduce los mismos vicios que se dan en el Congreso de la República.
La reglamentación progresista de la ley 70 de las comunidades negras propuesta por el gobierno del cambio, corre tristemente la misma suerte que las reformas sociales en el Congreso en manos de los parlamentarios de la oposición política y enemigos del gobierno.
El pueblo negro, raizal y palenquero, merece una reglamentación de la ley 70 de forma transparente. El gobierno nacional no puede ceder a la presión económica en medio de su vacilante actitud de conciliar en el marco de una coyuntura electoral en el próximo año. Esos cuantiosos recursos exigidos lo más probable es que se destinen no a la consulta previa sino a aceitar las próximas elecciones 2026.
Recurriendo a la sentencia T576 del 2014 de la Corte Constitucional en el Protocolo de la Consulta Previa que tiene como finalidad: “Obtener el consentimiento libre, informado y vinculante de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en los proyectos, medidas legislativas y administrativas”.
“Las autoridades representativas de estos pueblos son los consejos comunitarios, organizaciones de base, organizaciones étnicas, raizales y asociaciones de consejos comunitarios”.
Frente al panorama inercial de bloquear la reglamentación de la ley 70, mediante la exigencia de recursos económicos exorbitantes que el gobierno no tiene destinados para la reglamentación, deben ser los mismos pueblos y sus organizaciones de base, los que decidan en consulta directa dicha reglamentación.
La mejor ruta y la más transparente es que el presidente Gustavo Petro expida el decreto de reglamentación de la ley 70 y mediante una encuesta nacional, con la presencia del Ministerio Público que es indispensable para validar la consulta, los pueblos afrodescendientes aprueben de forma directa, desde sus comunidades, espacios de deliberación, organizaciones y personas dicha reglamentación. Solo el pueblo afrocolombiano puede validar con su participación directa la reglamentación de la ley 70 como una consulta de interés nacional como pueblo.
Las instituciones creadas por la ley 70 hace 30 años como las consultivas o recientemente en el 2018 el Espacio Nacional de Consulta Previa, deben ser reformadas, pues, han venido demostrado crecientes limitaciones para democratizar las decisiones de un pueblo, estos espacios se convirtieron en apéndices institucionales donde se preservan los intereses económicos y políticos de unos pocos, de una elite afro, centradas en intereses personales o de grupo. Espacios que no cuentan con un reglamento interno, ni alternancia, con procesos eleccionarios viciados, donde hay multiplicidad de cargos en una misma persona desde hace muchos años.
El pueblo afro está por encima del espacio nacional de consulta previa y de las consultivas de alto nivel. Su capacidad y fuerza como poder constituyente primario, debe ser consultado directamente.
Con una fuerte alianza entre las organizaciones de base de los pueblos afros como autogobierno del pueblo afro y el gobierno nacional, es posible rescatar los derechos y defender esta reglamentación progresista, después de 32 años de expedida la ley 70 de 1993.
Es hora de la construcción colectiva de un auténtico proyecto popular, democrático y transformador en que las comunidades afro sean las protagonistas. A paso de afro resignados aceptamos todo. A paso de cimarronas y cimarrones cambiamos nuestra propia vida, la de la patria y la matria.
