Por: Jaime Gómez Alcaraz
Hay palabras que envejecen mal, pero que nunca desaparecen del todo. Se esconden durante un tiempo en los archivos de la historia, cambian de ropa, actualizan su vocabulario y regresan cuando las circunstancias les son favorables. Una de ellas es la palabra intervención. Otra es tutela. Y una tercera, quizá la más persistente, es la vieja convicción imperial de que algunos pueblos tienen derecho a decidir su destino mientras otros deben limitarse a obedecerlo.
Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre las elecciones presidenciales colombianas constituyen un ejemplo revelador de esa lógica. El presidente estadounidense ha manifestado públicamente su apoyo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio. Lo ha hecho prometiendo a Colombia “el apoyo y la fuerza total” de Estados Unidos si triunfa el candidato de su preferencia, mientras describe a Cepeda como un “marxista radical”.
No se trata de una anécdota electoral ni de una simple opinión emitida por un dirigente extranjero. Lo que está en juego es algo más profundo. Las palabras de Trump expresan una determinada concepción de las relaciones internacionales, una visión jerárquica del mundo donde las grandes potencias se atribuyen la facultad de señalar qué gobiernos son aceptables y cuáles no, qué proyectos políticos merecen respaldo y cuáles deben ser combatidos.
Resulta difícil no escuchar en esas declaraciones el eco de una larga historia latinoamericana. Durante más de un siglo, América Latina ha convivido con distintas formas de intervención externa justificadas mediante argumentos cambiantes. En algunos momentos se habló de civilización y barbarie. En otros se invocó la lucha contra el comunismo. Más tarde aparecieron las guerras contra las drogas, contra el terrorismo o contra las llamadas amenazas a la seguridad hemisférica. Cambiaron las etiquetas, pero la estructura de poder permaneció sorprendentemente estable.
La acusación de “marxista radical” dirigida contra Iván Cepeda parece provenir precisamente de ese repertorio histórico. Es el lenguaje de la Guerra Fría reciclado para el siglo XXI. Es una etiqueta diseñada para simplificar la realidad, para dividir el mundo entre aliados y enemigos, entre buenos y malos, entre quienes merecen reconocimiento y quienes deben ser señalados como amenazas. No importa aquí si se comparte o no el programa político de Cepeda. En una democracia auténtica, la legitimidad de una candidatura no depende de la aprobación de Washington ni de ninguna otra capital extranjera. Depende exclusivamente de la voluntad soberana de los ciudadanos.
La vieja guerra fría con ropa nueva
Por esa razón, las declaraciones de Trump merecen una crítica firme desde una perspectiva democrática y desde el derecho internacional. El principio de autodeterminación de los pueblos constituye uno de los pilares fundamentales del orden internacional contemporáneo. Está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y ha sido reafirmado en numerosas resoluciones y tratados internacionales. Su significado es sencillo y profundo al mismo tiempo: corresponde a cada pueblo decidir libremente su sistema político, económico, social y cultural sin injerencias externas.
La autodeterminación no es una concesión otorgada por las grandes potencias. Es un derecho colectivo que pertenece a los pueblos. Surge precisamente de las tragedias del colonialismo y de las experiencias históricas de dominación que marcaron amplias regiones del planeta. Negar ese principio implica regresar a una lógica donde la soberanía se convierte en un privilegio reservado para unos pocos Estados poderosos.
Cuando un presidente extranjero anuncia apoyo político explícito a uno de los candidatos de otro país y asocia ese respaldo a promesas de poder, fuerza y apoyo estratégico, inevitablemente introduce un elemento de presión en el debate democrático interno. Aunque no exista una intervención militar directa ni una medida coercitiva inmediata, el mensaje transmite una idea inquietante: la relación futura entre ambos países dependería de la victoria de un candidato específico.
Ese comportamiento contradice el respeto que debe existir entre Estados soberanos. Las democracias no pueden funcionar adecuadamente si actores externos intentan influir en la decisión popular mediante presiones políticas, económicas o diplomáticas. La legitimidad de una elección descansa precisamente en que sean los ciudadanos quienes decidan sin tutelas externas.
Convendría invertir la perspectiva por un momento. ¿Cómo reaccionaría Washington si un presidente latinoamericano viajara por Estados Unidos respaldando abiertamente a un candidato presidencial estadounidense mientras califica a su rival con etiquetas ideológicas despectivas? ¿Cómo sería recibida una promesa de apoyo político condicionado al triunfo de una determinada opción electoral? La respuesta parece evidente. Sería considerada una injerencia inaceptable.
Las relaciones internacionales continúan marcadas por profundas asimetrías de poder. Existen comportamientos que son tolerados cuando provienen de las grandes potencias, pero que serían inmediatamente condenados si fueran realizados por países más pequeños. Esa doble moral constituye uno de los rasgos más persistentes del orden internacional contemporáneo.
La soberanía no se pide prestada
Detrás de este episodio aparece también una cuestión más amplia relacionada con la forma en que se construyen las narrativas políticas sobre América Latina. Con frecuencia, determinados sectores del poder estadounidense presentan a la región como un espacio cuya orientación política debe ser supervisada desde el norte. Cuando emergen gobiernos progresistas, movimientos populares o proyectos políticos que buscan mayores márgenes de autonomía, reaparecen discursos alarmistas que anuncian amenazas ideológicas, riesgos geopolíticos o supuestas desviaciones del orden democrático.
Paradójicamente, esos discursos suelen ignorar un hecho fundamental. La democracia no consiste en garantizar la victoria de determinadas corrientes políticas. La democracia consiste precisamente en aceptar que los pueblos puedan elegir opciones diversas, incluso aquellas que resultan incómodas para los intereses de actores externos.
La historia latinoamericana ofrece suficientes lecciones sobre las consecuencias de las intervenciones extranjeras. Desde Guatemala en 1954 hasta Chile en 1973, pasando por numerosos episodios de presión política, económica y militar en distintos países de la región, existe un largo registro histórico que demuestra los costos humanos y sociales asociados a la negación de la autodeterminación. Millones de personas pagaron con sufrimiento, exilio, persecución o muerte decisiones que fueron justificadas en nombre de supuestos intereses estratégicos superiores.
Precisamente por eso, las sociedades latinoamericanas desarrollaron una sensibilidad especial frente a cualquier intento de intervención externa. No se trata de nacionalismo estrecho ni de rechazo al diálogo internacional. Se trata de una defensa elemental de la dignidad política de los pueblos. El debate electoral debe desarrollarse entre colombianos, a partir de los problemas, aspiraciones y desafíos de la sociedad colombiana.
Eso implica reconocer que pueden existir profundas diferencias ideológicas entre los distintos sectores políticos del país. Tales diferencias son normales en una democracia pluralista. Lo que resulta inaceptable es que actores externos pretendan inclinar la balanza mediante pronunciamientos que buscan influir en la percepción pública o condicionar las relaciones internacionales futuras.
Más allá de las preferencias partidistas de cada ciudadano, existe un principio que debería unir a todas las fuerzas democráticas: el respeto a la soberanía popular. Ese principio pertenece a la esencia misma de la democracia.
Las declaraciones de Trump revelan una visión del mundo donde la influencia imperial continúa considerándose un instrumento legítimo para moldear procesos políticos ajenos. Pero los tiempos han cambiado. América Latina ya no es el patio trasero que algunos imaginaron durante el siglo XX. Sus sociedades son más conscientes de sus derechos, más conectadas con el mundo y más decididas a defender su autonomía política. La autodeterminación de los pueblos no es una fórmula jurídica abstracta. Es la expresión concreta de una idea profundamente humana: el derecho de cada sociedad a escribir su propia historia con sus propias manos.
Ese derecho merece ser defendido siempre. Especialmente cuando quienes intentan condicionarlo se presentan como defensores de la libertad mientras niegan a otros pueblos la libertad más elemental de todas: la libertad de decidir su propio destino. La mejor forma de rechazar esa inaceptable injerencia, es votando por la alternativa democrática que defiende la vida y la esperanza, no la que defiende el fracking, la muerte y la subordinación al imperio del norte.
