Por: María Consuelo del Río Mantilla
En el teatro de la comunicación política contemporánea, el escándalo íntimo ha sido históricamente la cortina de humo predilecta de los regímenes que buscan disimular vulneraciones graves a la institucionalidad y a la soberanía nacional. En el actual contexto institucional de Colombia, la proliferación de narrativas sensacionalistas dirigidas a hipersexualizar y desacreditar la figura del expresidente Gustavo Petro no constituye un simple exceso periodístico ni un desborde del espectáculo amarillista. Responde, en cambio, a un cálculo estratégico articulado entre sectores de los medios corporativos y la agenda gubernamental del presidente Abelardo De La Espriella. Mientras la opinión pública es distraída con relatos que presentan al exmandatario bajo la figura caricaturesca del moderno Heracles (1) o del dios Min (2) o como un depredador de pasillos, en las sombras de la gestión estatal se consuman actos de extrema gravedad jurídica y geopolítica: la presencia no autorizada de tropas extranjeras en suelo nacional, la entrega de decisiones sobre recursos minerales estratégicos a una potencia exterior y la opacidad en el manejo de millonarios fondos destinados a la emergencia humanitaria de damnificados.
Tropas extranjeras y elusión del Senado
Uno de los pilares de cualquier Estado soberano es el monopolio de las Fuerzas Armadas dentro de sus fronteras, así como la estricta subordinación de la injerencia militar extranjera al control de la representación popular. La Constitución colombiana consigna de manera explícita que la presencia o el tránsito de tropas extranjeras en el territorio nacional requiere de la previa aprobación y control político del Senado de la República.
Sin embargo, en las últimas semanas, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha llevado a cabo la ejecución de operaciones militares coordinadas con contingentes internacionales, mediante decretos de emergencia y vías de hecho ejecutivas, eludiendo intencionalmente el control del Poder Legislativo.
Esta elusión deliberada de la verificación senatorial fractura el principio constitucional de pesos y contrapesos, convirtiendo al país en un enclave donde el Ejecutivo otorga concesiones de seguridad sin debate público ni fiscalización democrática.
La admisión pacífica de tropas extranjeras no constituye un hecho menor ni una simple decisión diplomática de rutina; representa una cesión fáctica de la soberanía y del control territorial que deja en entredicho el papel de las Fuerzas Militares locales y sujeta la defensa estratégica del país a agendas geopolíticas ajenas.
La soberanía minera en manos de Washington
Paralelamente a la presencia militar extranjera, la política exterior y económica de la actual administración ha registrado un giro de subordinación histórica. La suscripción de un memorando de entendimiento y cooperación económica con los Estados Unidos ha sentado las bases para retrotraer a la nación a un esquema de enclave extractivo.
A través de este instrumento, el Ejecutivo ha conferido a organismos e instancias gubernamentales de Washington la facultad discrecional de incidir y dictaminar sobre la explotación, comercialización y reserva de los recursos minerales estratégicos de Colombia, incluidos el litio, el níquel, el oro y los minerales raros, esenciales para la transición energética global.
Entregar a una potencia extranjera la capacidad resolutiva o de veto sobre el patrimonio minero del subsuelo colombiano es, en términos reales, la enajenación del futuro económico del país.
Esta concesión vulnera el mandato constitucional sobre la propiedad estatal de los recursos del subsuelo e invalida cualquier proyección de autonomía económica y desarrollo industrial propio. La potestad sobre los minerales del país, que debió ser custodiada para el bienestar colectivo y la transformación social, ha quedado hipotecada mediante un acuerdo firmado a espaldas de la ciudadanía y sin la transparencia requerida para compromisos de tal envergadura.
La opacidad financiera frente al drama de la tragedia humanitaria
El tercer eje de la crisis institucional que atraviesa la administración de De La Espriella radica en la gestión de los recursos destinados a la atención de desastres. Tras el devastador terremoto que azotó diversas zonas del país, se activaron mecanismos de cooperación internacional y asignación presupuestal extraordinaria por miles de millones de pesos dirigidos a la reconstrucción de infraestructura, vivienda y asistencia inmediata a los damnificados.
No obstante, las denuncias acumuladas en los organismos de control y los reclamos de los comités de víctimas y de un valiente caricaturista, señalan una absoluta opacidad en la ejecución financiera de estos rubros. Los fondos canalizados a través de fondos especiales creados por el gobierno han ingresado a una "caja negra" contable, donde los contratos se entregan de manera directa y sin rendición pública de cuentas. La falta de trazabilidad de las donaciones internacionales e inversiones públicas contrapone la retórica de la eficiencia administrativa con el abandono real que padecen miles de familias colombianas que aún duermen en campamentos provisionales. La ausencia de informes financieros transparentes sobre los dineros de la reconstrucción configura no solo una falta administrativa grave, sino una probable vulneración al patrimonio público.
Ante semejante cúmulo de irregularidades, vulneración del Senado, enajenación de minerales y sombras de corrupción en la ayuda humanitaria, llama poderosamente la atención la pauta editorial que domina las portadas y los noticieros de los principales medios de comunicación corporativos. Lejos de fiscalizar los actos del Ejecutivo actual, los titulares despliegan diariamente una intensa campaña de desprestigio dirigida en contra del expresidente Gustavo Petro.
La estrategia discursiva elegida no es la del debate ideológico o programático, sino la de la estigmatización moral. Los medios alimentan una narrativa amarillista basada en filtraciones no verificadas, rumores de pasillo y testimonios sin acervo probatorio que presentan al líder de la oposición bajo la imagen de un hombre dominado por impulsos libidinosos en el ejercicio de la política.
Además de funcionar como una calculada cortina de humo para invisibilizar los atropellos institucionales del gobierno actual, las acusaciones contra Gustavo Petro resultan sencillamente ridículas desde una perspectiva de mínima lógica y realidad biológica. Pretender presentar a un hombre de 66 años, con el desgaste físico, las afecciones de salud y las exigencias propias de una extensa trayectoria pública, bajo la estampa fantasiosa de un indomable “semental” parece más una fábula mitológica que una investigación seria, equiparando desproporcionadamente al expresidente con el mismísimo dios griego Heracles y sus legendarias proezas de fuerza sexual desmedida. Esta desmesura narrativa no solo delata la falsedad y falta de pruebas de los relatos promovidos por los medios corporativos, sino que expone el nivel de absurdo al que es capaz de recurrir el aparato mediático con tal de mantener a la audiencia entretenida en fantasías del fuero íntimo mientras se compromete la soberanía del país.
Referencias:
- En la mitología griega, Heracles (Hércules) no solo era famoso por su descomunal fuerza física, sino también por un apetito sexual y pasional igualmente desbordante. Los antiguos griegos concebían al héroe como el máximo exponente de la virilidad y la energía vital, lo que se traducía en numerosas relaciones tanto con mujeres como con hombres.
- El dios Min es en la mitología egipcia, el dios de la reproducción, la virilidad y el placer sexual, a menudo representado con un falo erecto.
