Por: Laura Espinosa Macías
En Colombia tuvimos semana de estreno por partida doble: por un lado, salió el nuevo decreto que regula la intervención de la fuerza pública en las manifestaciones, y por otro, la primera gran movilización en contra del neofascismo criollo.
El Decreto 1525 de 2026 con el que el gobierno le dio la bienvenida al temprano rechazo que recibe su gestión en las calles, modifica el Decreto 003 de 2021 expedido en el gobierno de Iván Duque por orden de la Corte Suprema de Justicia para proteger el derecho a la protesta social como forma de participación ciudadana. La reforma firmada por Abelardo de la Espriella en la noche del 13 de octubre, reduce la prioridad del diálogo, flexibilizando el uso de la fuerza y ampliando el marco de interpretación de lo que se considera violencia, así como las posibilidades de intervención sin orden previa de la autoridad civil.
El nuevo marco normativo fue presentado en una convulsa y performativa (como es costumbre) alocución presidencial en la que el mandatario “de todos los colombianos” tildó a quienes participan de las protestas de “instigadores de la maldad” y amenazó con descargar sobre la ciudadanía inconforme “todo el peso y la contundencia del Estado”. No dejó lugar a la duda: el Decreto 1525 pretende “darle dientes al gobierno para hacer lo que hay que hacer”, es decir, reprimir sin estorbos garantistas la bomba social a la que con cada decisión “los nunca” le suben la presión. No tardarán en sentirse los efectos económicos y sociales de la reducción de los contratos de prestación de servicios en el sector público (como lo advertimos en una columna anterior respecto a decisiones similares tomadas por el gobierno de Milei en Argentina).
El otro estreno fue el miércoles 14 de octubre. A solo 68 días de iniciado el gobierno, las calles y plazas de distintas ciudades y municipios del país se llenaron de gente. Quedará para la historia la imagen de la Plaza de Bolívar que, tras una fuerte granizada, se siguió llenando hasta coparse. Las razones eran diversas: rechazo a la guerra total, defensa de derechos laborales y la educación pública, preocupación por la imposición confesional y el borrado de la memoria y la diversidad, cuestionamientos a la orientación económica, oposición a la política internacional vasalla de la nueva administración, entre muchas otras.
La protesta tuvo múltiples consignas, voces y liderazgos. Reducirla a la operación de un partido, catalogarla como a una maniobra de Gustavo Petro, o indicar que “62.000 ciudadanos movilizados” (que no sabemos quién ni cómo los contó) son “una proporción muy pequeña de la población colombiana” como lo hizo ADLE al final de la jornada, es una estrategia burda para minimizar la contundente muestra de rechazo que recibió el “Tigre” en las calles.
A pesar de esta descalificación, más propia de aspirante a político que de un jefe de Estado, al interior de la Casa de Nariño y de la Casa Giralda, el ministro Rodrigo Lara “Milagro” y los estrategas del gobierno deben estar haciendo balances muy diferentes. Los políticos fogueados saben que la calle habló y los expertos en marketing saben que la cifra de gente en la calle suele ser indicador de un número muy superior de inconformes.
Ese mismo día se publicó la encuesta Latam Pulse Colombia de AtlasIntel y Bloomberg que mide el segundo mes de ADLE. Los medios y opinadores afines al gobierno salieron a gritar a los cuatro vientos que el presidente es el político con mayor imagen positiva de los evaluados. Lo que no dijeron es que esa imagen se deterioró 5 puntos porcentuales en tan solo un mes, bajó del 54% al 49%. Tampoco dijeron que la evaluación de su gestión cayó 3 puntos de aprobación, del 51,8 % al 48,7 %, ni que la evaluación de su gobierno como excelente o buena cayó 5 puntos, del 52,8 % al 47,7 %, y la negativa aumentó 3 puntos, del 37,3 % al 40,4 %. A esto se suma que el 55 % evalúa negativamente la situación económica nacional, el 59 % considera mala la situación del mercado laboral y el Índice de Confianza del Consumidor sobre la situación actual de la economía se desplomó 25 puntos, al pasar de +5,9 en agosto a −19,3 en septiembre, mostrando un deterioro abrupto de la percepción económica en los hogares colombianos.
Por si la calle no pareciera suficiente, los datos de la encuestadora favorita de la derecha en campaña, son demoledores.
Las movilizaciones, además de masivas, transcurrieron en relativa tranquilidad. Sin embargo, como era semana de estreno, la fuerza pública no se podía quedar sin usar sus nuevas atribuciones y se registraron acciones represivas en Bogotá, Ibagué, Medellín y Popayán.
Para rematar, el gobierno agregó una secuela a su estreno e hizo efectivo el anuncio de revivir el ESMAD. Mediante la Resolución 03226, la Policía formalizó el regreso de los Escuadrones Móviles Antidisturbios que fue anunciado como “ESMAD Reloaded” por ADLE en una imagen que copia el poster de la segunda entrega de la serie de películas Matrix. El summa cum de la ramplonería en una sola imagen: la burla a las víctimas y al legado nefasto del ESMAD y la gala de la ignorancia sobre el argumento de la cinta de las hermanas Wachowski.
La semana de estreno superó todas las expectativas y dejó abierto un panorama muy interesante sobre los milagros de la patria. Mientras el gobierno enfila la violencia como eje de su gestión, la calle le devolvió la esperanza a un pueblo que lleva dos meses de zozobra. Y la temporada apenas empieza.
