Por: Laura Espinosa Macías
Hablar de “desgobierno” es un lugar común para referirse a la mala gestión de Abelardo de la Espriella. La expresión puede servir para describir el caos administrativo, las improvisaciones, los vaivenes en los nombramientos y las decisiones erráticas. Pero tiene un problema: termina sugiriendo que no hay gobierno, que el poder está huérfano o que el presidente simplemente no sabe qué hacer.
Pero, lamentablemente, él o quienes decidan por él, sí saben. Hay gobierno. Lo que ocurre es que su proyecto es autoritario, violento y excluyente. Tiene una orientación, tiene intereses claros y tiene beneficiarios (aunque sean muy pocos). El problema es precisamente ese: Abelardo gobierna, pero no para el pueblo colombiano.
Los primeros cien días permiten reconocer el horizonte del proyecto de restauración que prometió: una combinación de militarismo, ajuste económico, servilismo internacional y concentración del poder. Una recomposición del bloque dominante que busca recuperar el control político del Estado y cerrar los espacios que abrieron los esfuerzos por democratizar la vida política, económica, social y cultural de los últimos años.
Veamos estos ejes, no para hacer otro recuento de acciones o incumplimientos de los cien días, sino para interpretarlos en términos del proyecto de sociedad que busca construir.
La guerra total como mediación principal de Estado
La seguridad se ha convertido en el eje ordenador de la acción gubernamental. La respuesta a los conflictos sociales y territoriales vuelve a tener como centro la capacidad coercitiva del Estado: ofensiva militar, fumigaciones, megacárceles, ley de sometimiento que impone una redefinición del conflicto bajo el rótulo de “narcoterrorismo” y reels, muchos reels. La vieja fórmula de la guerra como solución universal regresa con nuevos anuncios y viejas consecuencias.
La guerra total no es una política aislada de seguridad. Es una forma de organizar el Estado y de administrar los conflictos sociales. La doctrina del enemigo interno vuelve a establecer el libreto, esta vez ampliada bajo el modelo importado del wokismo y servil al objetivo de la recomposición de la dominación hemisférica de los EEUU bajo un Trump cada vez más débil como peligroso.
La economía de los privilegios
En materia económica, la disciplina fiscal funciona como argumento para justificar la reducción del gasto y el debilitamiento de las capacidades estatales para garantizar derechos. Mientras se predica austeridad para las mayorías, se reorganiza el Estado para favorecer los intereses privados: alivios tributarios al patrimonio, desregulación y condiciones más favorables para la acumulación del gran capital.
La reprimarización aparece como horizonte de desarrollo, con el fracking como bandera y la explotación intensiva de recursos naturales como promesa de crecimiento, entregando esta vez las tierras raras como ñapa. Una apuesta que profundiza el carácter dependiente de la economía colombiana y compromete la soberanía sobre los recursos y las decisiones estratégicas del país.
El ajuste tiene una orientación política muy precisa: reducir el Estado allí donde debe proteger a la población y conservarlo —incluso fortalecerlo— allí donde debe garantizar negocios, rentas y privilegios. El modelo de ultra ortodoxia neoliberal importado de Argentina, tiene al país austral en una crisis de hambre, desempleo, pobreza y debilitamiento de la actividad productiva. ¿Qué va a pasar cuando el sector privado no pueda absorber el recorte y se reduzca el poder adquisitivo de la mayoría de la población?
La soberanía en oferta
La alineación con la ultraderecha internacional y la renovada doctrina de seguridad de Washington ubica la política exterior colombiana en un nuevo nivel de su tradicional subordinación estratégica: el vasallaje. La soberanía queda supeditada a una agenda dictada por el trumpismo y el sionismo, en la que los intereses geopolíticos y las prioridades las dictan por teléfono y se obedecen sin chistar.
Esta subordinación tiene consecuencias concretas: confecciona la política de seguridad según lo establecido en el famoso Escudo de las Américas, favorece los intereses económicos extranjeros y sustrae al país de cualquier apuesta de integración autónoma, latinoamericana y soberana. La soberanía y la independencia nacional, por lo visto, también entraron en el plan de austeridad.
La democracia bajo sospecha
En el terreno institucional, el autoritarismo es la regla. La amenaza temprana al Congreso y los contradictores políticos con la democracia plebiscitaria, las advertencias a la rama judicial de contrarias sus decisiones, las intentonas de acudir al estado de excepción y las reformas por decreto expresan una concepción del poder en la que el ejecutivo pretende convertirse en intérprete exclusivo de la voluntad popular. El pluralismo, la separación de poderes y los controles constitucionales aparecen como obstáculos que impiden la realización de la voluntad presidencial o el mandato de “la manada”.
A esto se suma el deterioro de los derechos sociales que son condición de base para el ejercicio de la ciudadanía y la ofensiva contra las conquistas de sectores históricamente excluidos. La mentada batalla cultural fabrica amenazas, falsea la historia y pretende imponer un relato que niega la diversidad, el pluralismo y la diferencia. Así se construye un sentido común autoritario: se presenta la desigualdad como un problema de mérito, la protesta como amenaza y la diferencia como peligro para justificar la exclusión, la represión y la violencia contra quienes disienten de la “Patria Milagro”.
Cien días y lo que falta
En estos cien días, Abelardo ha gobernado para el pequeño grupo que hoy ocupa el poder ejecutivo. Y es eso, precisamente, lo que más está desgastando tempranamente al gobierno. La última medición de Cifras y Conceptos, en sus primeros cien días, ubica la favorabilidad de Abelardo por debajo del 50 % y muestra que ninguna de las 16 acciones evaluadas de su gobierno alcanza ese nivel de aprobación. La seguridad conserva respaldo, pero el IVA, la reforma tributaria, el radicalismo y el espectáculo presidencial pasan factura.
El problema para Abelardo es que el ruido de sus anuncios no le está alcanzando para ocultar el malestar que producen sus decisiones. A pesar de ello, el gobierno contrario a moderarse, se radicaliza y tampoco cede en la agenda impositiva de la “batalla cultural”. Por ahora, su salida ha sido atacar al gobierno anterior y a la izquierda, pero esa pólvora parece ser de mecha corta.
La mala noticia es que Colombia no es el mismo país de hace unas décadas y no está reaccionando positivamente a la propuesta del destripamiento, una vez terminada la campaña electoral. Esto no anula la posibilidad de que el neofascismo se termine imponiendo ni elimina la consabida capacidad transaccional de nuestras élites, pero, a cien días no muestra una autopista despejada para la regeneración sino, más bien, una trocha como la que comunica a la provincia de García Rovira con Bucaramanga.
El tiempo que falta es el terreno de una disputa política intensa. La restauración no está consumada y la resistencia está lejos de verse derrotada, pese a los embates de la ultraderecha.
Quedan 1.361 días.
