Por: Mauricio Jaramillo Jassir
Profesor de la Universidad del Rosario
@mauricio181212
Poco o nada hablan los medios colombianos sobre la grave situación por la que atraviesa la democracia guatemalteca a diferencia de lo que constantemente reporta la prensa española. Desde hace varios años, se vienen presentando todo tipo de intimidaciones hacia la oposición o contra disidentes de un, cada vez más poderoso, establecimiento en el que los contrapesos parecen cosa del pasado. La represión y amenazas contra candidatos, periodistas, jueces y fiscales dan cuenta de una erosión del Estado de derecho; en medio de la cual se llevará a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial el próximo 20 de agosto, en circunstancias que están lejos de ser ideales para la democracia. Todo el panorama se ve agravado por el silencio regional respecto de la delicada situación, a diferencia de lo que ocurre en Nicaragua y Venezuela, situaciones que suelen ser visibilizadas y donde justificadamente se ejerce presión.
¿Qué está pasando en Guatemala? ¿Cuáles son las expresiones de autoritarismo que deben llamar la atención? ¿Está en riesgo la segunda vuelta de las elecciones?
Conflicto armado y terrorismo de Estado
La historia de Guatemala es convulsa y, como en otros escenarios de América Latina y el Caribe, está marcada por el golpismo militar, la injerencia estadounidense según las lógicas de la Guerra Fría y la violencia sistemática, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. En 1954 se produjo el golpe de Estado contra Jacobo Árbenz a quien se acusó sin fundamento de ser comunista -como si aquello fuese un delito-, todo con el apoyo de la CIA. Lo anterior derivó en gobiernos militares (en especial Carlos Castillo Armas y Efraín Ríos Montt) que ejercieron el poder a punta de mano dura lo que dio origen a comienzos de los ochenta a una resistencia civil que se organizó en varias guerrillas bajo la sombrilla de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
En esta década traumática y bajo el gobierno del general Ríos Montt se inició una de las ofensivas más intensas contra la subversión que tuvo su paroxismo en el genocidio contra el pueblo ixil en el que niños, mujeres y adultos mayores fueron sometidos a todo tipo de torturas y asesinados de formas crueles bajo la consigna de que era necesaria una homogenización étnica y con la excusa del supuesto apoyo a la insurgencia. Como suele suceder con las tragedias del pueblo guatemalteco, este genocidio es poco conocido y estudiado en América Latina. Vale recordar que las víctimas tuvieron que esperar más de 30 años para que el Estado lo reconociera. En 2013 Ríos Montt fue condenado por genocidio a una pena de 80 años y murió en 2018, a los 91 años. Aunque tarde, quedó la sensación de que el máximo responsable fue llevado ante la justicia.
Los Acuerdos de Esquipulas -como en el resto de América Central- allanaron el camino para la transición hacia la democracia que, si bien significó la alternancia de gobiernos civiles, hubo pocos chances para la participación campesina e indígena. En 1999 se dio el intento por refrendar los acuerdos de paz a través de un referéndum constitucional en el que el gobierno de Álvaro Arzú aprovechó para incluir todo tipo de reformas. El resultado fue una abstención significativa (solo participó el 18% de la población) y las reformas que se habían pactado fueron ampliamente rechazadas.
Una deriva autoritaria invisible
Aun así, Guatemala ha mantenido la alternancia y en términos generales el rasgo más sobresaliente de su política en el último tiempo ha sido, sin duda alguna, la corrupción. Ello llevó a condenas contra el expresidente Otto Pérez Molina y su vice Roxana Baldetti. En 2007 el país había pactado con Naciones Unidas un acuerdo para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la que participó como jefe de misión el actual ministro de defensa colombiano Iván Velásquez. En 2019 el presidente Jimmy Morales fue acusado de corrupción, por consiguiente, dio por terminado el mandato y declaró a Velásquez persona no grata acabando con los avances que había conseguido la CICIG.
Por eso, no extraña que en el gobierno de Alejandro Giammatei (2019-2023) la fiscalía que se ha venido empoderando y persiguiendo a todo aquel que denuncie los abusos de poder, haya tenido un protagonismo sin antecedentes en la historia reciente. Se ha intimidado a jueces que han tenido que exiliarse, a fiscales como en el caso de Thelma Aldana (quien fuera fiscal general). La exfiscal fue una figura clave en la revelación del escándalo de corrupción de La Línea (un entramado de corrupción para obtener recursos de las aduanas) que llevó ante la justicia a Otto Pérez y a Roxana Baldetti. De igual forma, la prensa ha sido objeto de persecución como en el caso de El Periódico, un diario de 30 años de historia que tuvo que ser clausurado ante la privación de la libertad de su director y fundador José Zamora. Al periodista se le acusa de lavado de dinero, justo después de que hiciera pública una denuncia por corrupción contra el presidente Giammatei. La actual Fiscalía en cabeza de Consuelo Porras, tiene como protagonista al fiscal Rafael Curruchiche; quien fue nombrado en sustitución de Juan Francisco Sandoval, quien estuvo a cargo de la unidad anticorrupción y lideraba denuncias contra Giammatei y que fue relevado por razones obvias. Importa poco que Curruchiche haya sido sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por obstrucción a investigaciones sobre corrupción y que ahora su unidad actúe como un brazo del ejecutivo. Se trata del mismo fiscal que lanzó acusaciones contra Iván Velásquez generando un impasse diplomático entre Giammatei y Gustavo Petro.
En semejante ambiente se llegó a las elecciones generales en junio de este año con graves irregularidades como el impedimento de las candidaturas de Thelma Cabrera, líder indígena, y los conservadores Carlos Pineda y Roberto Arzú. A todos se les esgrimieron razones administrativas, como se ha vuelto costumbre en América Latina, cuando se quiere vulnerar el derecho a participar o ser elegido. Por eso no causa extrañeza que el mayor porcentaje de votos haya sido nulo (17%) y que Sandra Torres de centro y Bernardo Arévalo, del centro progresismo, hayan accedido al balotaje con apenas 16% y 12% respectivamente. La llegada de Arévalo y su ‘Movimiento Semilla’ al Congreso y la segunda vuelta electoral ha significado una sorpresa, pues se trata de una formación de corta trayectoria surgida en las protestas de 2015 contra la corrupción. Como era de esperarse Curruchiche presentó un recurso para anular la candidatura del ‘Movimiento Semilla’ que fue inicialmente aceptada por el juez Fredy Orellana -el mismo que condenó al periodista Zamora- pero que luego fue suspendida por la Corte Constitucional, hasta la realización de las elecciones. Varios gobiernos de la zona, incluido Estados Unidos, han expresado su preocupación por la posible suspensión del ‘Movimiento Semilla’ y las constantes intimidaciones a sus militantes.
Hace poco en la Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), los medios hicieron hincapié en la presencia del Delcy Rodríguez y varios analistas recordaron la necesidad de presionar a Venezuela para la realización de elecciones libres, que implican respeto por los derechos políticos de María Corina Machado y al proceso de primarias de la oposición, seriamente amenazados. Esas advertencias justificadas, contrastan con el silencio frente a la gravísima situación que atraviesa Guatemala de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto.
La deriva autoritaria guatemalteca, apoyada en el poder desmedido de la Fiscalía, seguirá causando estragos mientras no se visibilice regionalmente y, así como se ha ejercido presión en otros contextos, se exijan garantías para la protección de un Estado de derecho cada vez más debilitado.
